Otro cruce caliente en el Senado por los desalojos: “Esto lo pidió Estados Unidos, a la medida del FMI”

El Senado retomó el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación Laboral, presididas por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, con el objetivo de continuar el debate sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. En este marco, volvió a registrarse un cruce caliente entre el oficialismo y la principal fuerza opositora.

En el Salón Azul del Palacio Legislativo se escucharon alegatos de una veintena de expositores, que giraron en torno a las modificaciones propuestas a los desalojos, la Ley de Tierras, la Ley del Manejo del Fuego, entre otras.

El plenario se organizó en bloques de expositores, tras cada alocución los senadores presentes realizaron preguntas e intercambios con los invitados.

Bajo esa modalidad, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay opinó que el proyecto presenta avances en el fortalecimiento del derecho de propiedad privada, la seguridad jurídica y la eficiencia institucional, aunque identificó dos áreas críticas: “La política de integración socio-urbana donde se considera preservar un rol estatal activo y coordinado, y la regulación del manejo del fuego, donde se advierte un retroceso en el estándar de protección ambiental que debería ser revisado”.

El momento más caliente

Cuando promediaba la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, la ministra de Medio Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, concluyó su exposición relacionando los cambios propuestos por el oficialismo con la prisión que cumple Cristina Fernández de Kirchner por delitos de corrupción.

“Esto lo pidió Estados Unidos, está escrito a la medida del FMI, a la medida del acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Están entregando la soberanía, se están llevando puestas leyes que impulsó Cristina Kirchner; entonces se entiende porque es necesario perseguir a determinados líderes, porque con ella libre se defendería el territorio y el patrimonio de nuestro país”, enfatizó la funcionaria.

No es un proyecto de cuidado de la propiedad privada: es más bien una ley de transferencia de la propiedad. Transferencia de las tierras de los argentinos hacia intereses extranjeros, transferencia de nuestros ecosistemas y servicios ecosistémicos a los lobbies de especulación… pic.twitter.com/zslF2d8nUE

— Daniela Vilar (@danyvilar) April 16, 2026

La respuesta llegó por parte de Márquez, quien afirmó que “la expresidenta no está presa por lo que piensa, está presa por corrupta”.

Y la jefa de la bancada violeta, Patricia Bullrich, planteó que “una cosa es que vengan funcionarios a hablar de una ley y otra cosa es que vengan a hacer un panfleto político”.

“La señora que usted defendió llegó hasta la Corte Suprema de Justicia; se entiende que no respeten ningún derecho cuando tampoco aceptan la decisión del máximo tribunal del país”, remató la exministra de Seguridad.

“Salarios en cuotas”

Otro de los participantes fue Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, quien expresó que el proyecto “tiene un artículo de desalojo ultra exprés, cuando hay gente que cobra salarios en cuotas”.

"El resultado de no tener una regulación del precio del alquiler es que ayer el Indec informó que una vez más los alquileres aumentan por encima de la inflación como todos los meses", señala Gervasio Muñoz

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 15, 2026

En tanto, Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras del Conicet, apuntó que la actual Ley de Tierras “nunca estuvo dirigida a impedir el acceso a quienes vienen a habitar y trabajar nuestros suelos, sino a restringir desde el exterior el control de nuestros territorios”.

Los expositores

Además, dieron su punto de vista representantes de distintos sectores y organizaciones, entre ellos: Rodolfo Carrizo, presidente de Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata; Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM; Santiago Nicolás Igon, exdiputado nacional; Juan Camilo Herrero, Unión de Trabajadores Sin Tierra; Mariano Marcucci, especialista en derecho administrativo; Paulino Inalaf, combatiente de incendios forestales de Río Negro; Luciano Fernando Celsi, referente de Barrios Populares de Bariloche; Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y Florencia Gómez, del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).

"La problemática de los barrios populares es un fenómeno estructural nacional, el 74% tiene más de 24 años de conformación y la mayoría no accede a los servicios básicos. No hay criterios mínimos para establecer el proceso de regularización dominial", dice Fernanda Monticelli

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 16, 2026

También Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Jaime Sorín, arquitecto e investigador de la UBA y la UNDAV; Carlos Nielsen Enemark, especialista en derecho administrativo y finanzas; Martín Galli Basualdo, director académico del Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público; Diego Armesto, abogado constitucionalista; José Luis Peter, productor del delta entrerriano; Lilia Calderón, dirigente social del Movimiento Popular Dignidad Rebelde y Fernanda García Monticelli, exfuncionaria del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Tras más de siete horas de exposiciones y preguntas de los senadores, la comisión dispuso pasar a un cuarto intermedio para continuar con su debate la próxima semana.