El Gobierno envió una nueva ley de discapacidad: buscan reempadronar beneficiarios y auditar pensiones

El Gobierno nacional formalizó este lunes el envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley que busca transformar el sistema de pensiones por discapacidad en Argentina. Bajo el nombre de Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, la propuesta del Ejecutivo apunta a modificar los criterios de asignación y control que habían sido establecidos en la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793) sancionada el año pasado.

El texto, que inició su recorrido parlamentario en el Senado, establece como prioridad un reempadronamiento obligatorio para los más de dos millones de beneficiarios actuales. El objetivo central de la administración de Javier Milei es realizar una auditoría integral mediante el cruce de datos con organismos como ARCA (ex AFIP) y ANSES, determinando que cualquier inconsistencia en la situación patrimonial o laboral será motivo de cese del beneficio.

Auditorías y nuevos requisitos para las pensiones

La nueva normativa propone fijar el haber de las pensiones no contributivas en un 70 por ciento de la jubilación mínima. No obstante, el cambio más drástico radica en la fiscalización periódica: los titulares deberán acreditar regularmente su condición médica y social. Además, el proyecto elimina la compatibilidad con el empleo formal, lo que obligará a los beneficiarios a elegir entre la asistencia estatal o el trabajo registrado.

Desde la Casa Rosada sostienen que estas medidas buscan sanear un sistema con altos índices de irregularidades. Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones civiles advierten que este endurecimiento de requisitos representa un ajuste en salud que podría dejar desprotegidas a miles de familias que dependen de la cobertura pública.

El conflicto con la Emergencia en Discapacidad

La presentación de esta ley reabre la disputa por la emergencia en discapacidad declarada en 2025. Aquella norma, que el Gobierno debió reglamentar tras diversos fallos judiciales, garantizaba la intangibilidad de los fondos destinados a las prestaciones básicas. Con el nuevo proyecto, el oficialismo busca derogar artículos que obligan al Estado a mantener la actualización automática de aranceles para prestadores, transportistas y centros de día.

Para el Ejecutivo, la ley sancionada el año pasado es inviable frente a la política de equilibrio fiscal, mientras que para los defensores de los derechos de personas con discapacidad, el nuevo texto es un intento de eludir el mandato de la Justicia que ordenaba proteger el sistema de salud del sector.

Movilización y rechazo

Ante el avance legislativo del proyecto, el Foro de Discapacidad ratificó la convocatoria a una marcha nacional para este miércoles 22 de abril. La protesta tendrá lugar frente al Ministerio de Salud de la Nación bajo la consigna 'La discapacidad no puede esperar'.

Los manifestantes exigen que el Senado rechace el proyecto oficialista y se garantice el financiamiento del nomenclador nacional de prestaciones. Los prestadores denuncian que la incertidumbre por la nueva ley y el atraso en los pagos ya están provocando la suspensión de tratamientos y servicios de transporte en todo el país, agravando la crisis sanitaria en el sector.