A través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, Javier Milei sacudió el escenario político al enviar al Congreso el proyecto de Ley de Reforma Electoral. La iniciativa busca desmantelar la estructura actual de los comicios en Argentina, cumpliendo con una de las promesas que el mandatario había deslizado recientemente en sus redes sociales.
“El objetivo es corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”, disparó el documento oficial firmado por el jefe de Estado.
El eje más polémico de la reforma es la eliminación definitiva de las PASO. Desde el Gobierno no ahorraron calificativos para el sistema vigente, tildándolo de “un experimento fallido que intentó impulsar la dicotomía de ‘internas abiertas’”.
La Casa Rosada puso la lupa sobre el gasto público que generan estas elecciones, señalando que los partidos deberán volver a financiarse y organizarse de forma privada. “Sólo en 2023 costaron $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”, sentenció el Ejecutivo, asegurando que, de ahora en más, las primarias serán exclusivamente un "asunto interno" de cada fuerza.
La reforma también apunta al corazón del financiamiento de los partidos políticos. Según el texto oficial, el sistema actual es insostenible y poco transparente: “Sólo el 10% del dinero que financia las campañas electorales está transparentado, el otro 90% es plata negra”, afirma el comunicado oficial.
Para combatir esto, el proyecto propone permitir aportes regulados de personas y empresas, bajo un esquema de trazabilidad. Además, se planea la eliminación total de los espacios cedidos, terminando con la obligación de los medios de otorgar minutos de aire para la propaganda partidaria de forma gratuita.
Otro golpe a la estructura tradicional es la incorporación de la Ficha Limpia. De aprobarse, ninguna persona con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos podrá postularse a cargos públicos.
En paralelo, se busca depurar el padrón de fuerzas políticas elevando los pisos de afiliación y los votos necesarios para mantener la personería jurídica. Para agilizar los trámites y evitar irregularidades, el Gobierno propone implementar la afiliación digital en todo el territorio nacional.