La tensión entre el Poder Ejecutivo y la prensa alcanzó un punto de ruptura este jueves 23 de abril. En lo que ya se califica como un escándalo institucional, el Gobierno Nacional prohibió el acceso a todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, bloqueando sus ingresos y cerrando la histórica sala de prensa de Balcarce 50. La medida fue ejecutada por la Casa Militar y responde a una denuncia por presunto espionaje ilegal.
El conflicto estalló tras la difusión de imágenes de áreas restringidas y de seguridad en un programa televisivo, lo que motivó una drástica respuesta oficial. Según confirmaron fuentes gubernamentales, se dejaron sin efecto las acreditaciones de prensa vigentes y se procederá a un nuevo empadronamiento con protocolos de seguridad mucho más rigurosos, dejando el palacio de gobierno sin presencia de medios por tiempo indefinido.
El argumento del Ejecutivo para el cierre total de la sala de periodistas se centra en la protección de la integridad del edificio y del personal jerárquico. El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, defendió la restricción alegando razones de seguridad nacional. Sin embargo, la medida generó un repudio inmediato por parte de diversos sectores que ven en este bloqueo un intento de silenciar la labor periodística.

Mientras las puertas de Balcarce 50 permanecían cerradas para los cronistas, el presidente Javier Milei mantenía reuniones de alto nivel, entre ellas un encuentro con el magnate Peter Thiel. La falta de cobertura presencial y de la habitual conferencia de prensa oficial marca un quiebre en la dinámica comunicacional de la gestión libertaria.
El jefe de Estado no fue ajeno al escándalo y utilizó su cuenta de X para profundizar el enfrentamiento. Con un tono sumamente agresivo, el mandatario calificó de "basuras" a los periodistas involucrados en la difusión del material y ratificó la postura de la Casa Militar.
"No podrán detener la transparencia del Gobierno con operaciones de espionaje", fue una de las premisas que circuló desde el entorno presidencial. Para el oficialismo, la difusión de los pasillos y sistemas de seguridad de la casa de gobierno cruzó una línea roja que justifica la baja de todos los accesos biométricos del personal de prensa.