Un tercio de los niños no tiene la vacunación completa

Informe semanal del Instituto para el Desarrollo Social Argentino -IDeSA-

El Boletín Epidemiológico Nacional Nº 299 alerta que desde el año 2025 se vienen produciendo brotes de tos convulsa en varias provincias, afectando fundamentalmente a menores de 14 años. El dato más inquietante es que en las primeras 9 semanas del 2026, la cantidad de casos de tos convulsa aumentó un 147 por ciento. 

Pasó de 87 en las primeras 9 semanas del 2025 a 215 casos en el mismo período del 2026. Cabe advertir que solo el 50% de los casos corresponde a menores de 2 años, mientras que un 33% corresponde a niños de entre 3 y 14 años lo que sugiere que los problemas de vacunación no son recientes.

Dentro de la distribución de responsabilidades previstas en el régimen federal, vacunar a la población es responsabilidad de las provincias. Esto es así porque en la Constitución Nacional no se delegó la promoción y prevención de la salud en el Estado nacional y todas las Constituciones provinciales contemplan expresamente estas funciones dentro de sus responsabilidades.

Sin embargo, en el 2019 se sancionó la Ley Nº 27.491 por la que se obliga al Ministerio de Salud nacional a comprar vacunas para distribuir entre las provincias, sin desligar a las provincias de su responsabilidad de vacunar a la población. Así, hay dos responsables (Nación y provincias) para un mismo cometido (vacunar). 

¿Cuál es el nivel de cobertura de vacunación de tos convulsa a nivel nacional?

---) 4 provincias tienen cobertura de vacunación completa (4 dosis) en tos convulsa superior al 90 %.

---) 13 provincias tienen cobertura entre 70 % y 90 %.

---) 7 provincias tienen cobertura inferior a 70 %.

Estos datos muestran que en la mayoría de las provincias prevalece una baja cobertura de vacunación en tos convulsa. Resulta muy llamativo que esto ocurra cuando tener al día el calendario de vacunación es un requisito para el cobro pleno de la AUH. Que en 20 provincias donde viven más del 90 % de los niños menores de 4 años el nivel de vacunación esté por debajo de la cobertura universal delata un rotundo fracaso de la política sanitaria.

Como ocurre en otras áreas del sector público, la superposición de funciones entre la Nación y las provincias son garantía de fracaso. Si un nivel de gobierno (Nación) tiene que comprar las jeringas y las vacunas y enviarlas para que otro nivel de gobierno (provincias o municipios) se encargue de la logística de aplicarlas es previsible que se produzcan malos resultados. Resulta muy sugerente que el fracaso se dé tanto entre las provincias más rezagadas del norte como en la más próspera (CABA). No es un problema de bajo nivel de desarrollo de la provincia sino de un esquema muy ineficiente de gestión y, lo más grave, de dilución de responsabilidades. El solapamiento hace muy difícil dilucidar si el responsable del fracaso es el gobierno nacional o los gobiernos provinciales y municipales.

También cuenta la rusticidad y el atraso de la gestión de la seguridad social. La AUH se cobra 80% de manera automática y el 20 % está condicionado a que la familia demuestre asistencia escolar, vacunación y controles médicos de los hijos. El control se instrumenta a través de la “Libreta de la Seguridad Social”, es decir, un formulario en papel que las familias tienen que hacer completar en las escuelas y los establecimientos sanitarios para luego presentarlo en la ANSeS.

Esto obliga a procesar millones de trámites todos los años, en las escuelas, hospitales públicos y la ANSeS. Se trata de un esquema burocrático y obsoleto que insume exagerados esfuerzos administrativos al Estado y a las familias con muy baja calidad de los datos, como lo demuestra la alta proporción de niños sin vacunar.

En un régimen federal no hay que coordinar acciones para un mismo objetivo sino coordinar objetivos para cada nivel de gobierno. Las provincias deben ser las únicas responsables de comprar y vacunar y la Nación de medir los resultados. Superponer roles, como la Ley 27.491 de vacunas, sirve para la demagogia y para fomentar la dilapidación de fondos públicos, pero no para resolver las necesidades de la gente.