Este lunes, la situación judicial de Manuel Adorni sufrió un giro dramático. Luego de que el arquitecto a cargo de las refacciones en su propiedad del country Indio Cuá revelara cifras millonarias ante la Justicia, la diputada Marcela Pagano solicitó formalmente la detención de Adorni, acusándolo de intentar coaccionar al testigo clave del caso.
El contratista Matías Tabar declaró ante la justicia que la remodelación de la casa de Adorni pasó de un presupuesto inicial de USD 94.000 a un costo final de USD 245.000. Según el testimonio del profesional, los pagos se realizaron íntegramente en efectivo y sin documentación formal.
La obra, calificada como de alto valor económico, incluyó:
Remodelación total de la cocina con isla y desayunador.
Construcción de pérgola, garage y galería.
Una pileta de lujo modificada en profundidad (USD 9.000) con cascada y mármol travertino.
El pedido de detención de Pagano se fundamenta en un presunto entorpecimiento de la investigación. La legisladora denunció que el funcionario contactó al testigo antes de su declaración para ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar la información sobre los montos y la modalidad de pago.
“Acabo de solicitar la detención de Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp. Esto es un claro entorpecimiento y debe aplicarse la Doctrina Irurzun”, sentenció Pagano en sus redes sociales.
La presentación de la diputada pone el foco en el poder de influencia del funcionario para interferir en la recolección de pruebas. Al solicitar la prisión preventiva, la querella busca evitar que se sigan presionando a los profesionales que trabajaron en la vivienda de Indio Cuá.
Ahora, la Justicia deberá peritar los mensajes y determinar si existió coacción, mientras la investigación por corrupción e incremento patrimonial contra el ministro coordinador suma nuevas y complicadas derivaciones.