El esquema de subsidios energéticos enfrenta un cambio drástico. El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar profundamente el régimen de Zona Fría, con el objetivo de restringir los subsidios al gas y reducir el costo fiscal. La medida apunta a desmantelar la estructura actual que beneficia a más de 4 millones de hogares en todo el país.
La propuesta oficial busca retornar a un esquema reducido, similar al vigente en el año 2002. De prosperar la iniciativa, los descuentos plenos en la tarifa de gas (que oscilan entre el 30% y el 50%) se mantendrían únicamente para las regiones de clima extremo, como la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de la Ley 27.637, sancionada en 2021. Esta normativa había extendido los beneficios de la Zona Fría a numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, regiones que ahora perderían el subsidio generalizado.
Según los argumentos del Ejecutivo, el sistema actual se "desnaturalizó" tras su última ampliación, al incluir zonas que, según el criterio oficial, no presentan condiciones climáticas de frío extremo que justifiquen el beneficio para la totalidad de la población.
Para el resto del país y las zonas que queden excluidas del régimen general, el descuento no desaparecerá por completo pero sufrirá un recorte masivo en su alcance. El beneficio se limitará exclusivamente a los hogares vulnerables que estén contemplados dentro del nuevo esquema de subsidios focalizados del Gobierno.
Usuarios residenciales de ingresos medios y altos: Perderán el beneficio de zona fría y verán un incremento directo en sus facturas de gas.
Zonas excluidas: Municipios del interior bonaerense y de las provincias del centro del país dejarán de percibir el descuento automático por zona geográfica.
Zonas patagónicas: Mantendrán el beneficio por ser consideradas regiones de necesidad climática crítica.
Desde el Gobierno sostienen que esta modificación es necesaria para sanear las cuentas públicas. Argumentan que el régimen actual implica un gasto excesivo para el Estado al subsidiar consumos en áreas donde el clima no es extremo, y que la intención es dirigir la asistencia estatal únicamente a quienes realmente no pueden afrontar el costo de la tarifa de gas.
El proyecto ahora deberá ser debatido en las comisiones del Congreso, donde se espera una fuerte resistencia de los legisladores que representan a las provincias y municipios afectados por el recorte.