Le otorgaron la prisión domiciliaria a Julio De Vido por problemas de salud: dejará la cárcel de Ezeiza

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo clave este lunes al otorgar la prisión domiciliaria a Julio De Vido. La decisión de la Justicia llega para revocar una resolución previa del Tribunal Oral Federal 4, que se había opuesto a que el exfuncionario kirchnerista abandonara el penal de Ezeiza.

El otorgamiento del beneficio se fundamentó estrictamente en el delicado estado de salud del exministro. Según los informes médicos presentados por su defensa, De Vido padece múltiples patologías crónicas que requieren una atención especializada que no puede ser garantizada de forma óptima dentro del complejo penitenciario.

Los motivos del fallo de Casación

Para tomar la determinación, los magistrados de la máxima instancia penal del país tuvieron en cuenta la edad de Julio De Vido, quien ya cuenta con 76 años, y las complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica reciente. El exfuncionario fue sometido a una angioplastia en la que se le colocó un stent, cuadro que agravó su situación cardíaca preexistente.

A pesar de que la Justicia había rechazado pedidos similares en el pasado, la Cámara de Casación finalmente habilitó el traslado. A partir de ahora, el exministro continuará cumpliendo su condena de cuatro años de prisión por la causa conocida como Once II, vinculada a su responsabilidad en la tragedia ferroviaria, en su chacra de Zárate.

Otras causas judiciales en curso

Si bien este beneficio representa un alivio en las condiciones de detención para el exintegrante del gabinete nacional, su panorama procesal sigue siendo complejo. Cabe destacar que la condena por la Tragedia de Once se encuentra firme, motivo por el cual se encontraba bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

De forma paralela, el exministro de Planificación Federal sigue vinculado a otros expedientes de alto perfil mediático y judicial. Entre ellos, se destaca la causa Cuadernos, donde se investiga un presunto esquema de recaudación de fondos ileales vinculados a la obra pública durante su gestión al frente de la cartera ministerial.