Otro escándalo en ANDIS: detectan sobreprecios de hasta 4.000% y un desvío de $75.000 millones

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a quedar en el centro de una investigación por corrupción sistémica. Una auditoría interna del Ministerio de Salud reveló una maniobra que involucra el desvío de fondos públicos por un valor estimado de $75.000 millones, exponiendo una red de sobreprecios y licitaciones direccionadas que operó entre finales de 2023 y 2025.

Sobreprecios récord: el 4.239% y por encima del mercado

El informe técnico, difundido este 11 de mayo de 2026, expone cifras que superan cualquier margen lógico de mercado. La auditoría halló compras de sillas de ruedas, prótesis y andadores con sobreprecios que alcanzaron picos del 4.239% respecto a los valores de referencia.

La maniobra se ejecutaba mediante una cartelización de proveedores: un grupo de empresas que simulaban competir en las licitaciones pero que, en realidad, compartían vínculos familiares o societarios. Este esquema permitía fijar precios abusivos y garantizar que los contratos quedaran siempre en las mismas manos.

Spagnuolo y la sombra de la asociación ilícita

Este nuevo capítulo judicial se suma al complejo frente que ya enfrentaba el extitular de la agencia. Cabe recordar que Diego Spagnuolo ya fue procesado en febrero de este año por el juez Sebastián Casanello, tras la difusión de audios que revelaban un circuito de "retornos" y sobornos en la compra de medicamentos de alto costo a través del programa Incluir Salud.

En esta nueva derivación de la megacausa, la situación se agrava:

• Hay 49 personas investigadas, incluyendo exfuncionarios y empresarios del rubro ortopédico.

• Spagnuolo se presentó ante el juez Ariel Lijo, pero se negó a declarar.

• La justicia investiga delitos de fraude al Estado, asociación ilícita y cohecho.

El impacto social: pagos millonarios y falta de insumos

Mientras el Estado pagaba facturas con aumentos exorbitantes, la realidad de los beneficiarios era la opuesta. El informe destaca que los pagos excesivos ocurrieron de forma simultánea a las constantes demoras y la falta de prestaciones esenciales. Miles de personas con discapacidad se vieron privadas de sillas de ruedas y prótesis mientras los fondos destinados a su atención eran desviados.

La causa actual busca determinar no solo el daño económico al erario público, sino la responsabilidad penal de quienes convirtieron un organismo de asistencia en una estructura de recaudación ilegal.