viernes 15 de mayo de 2026 - Edición Nº4437

Economía | 15 may 2026

Infraestructura vial

El Gobierno privatizó la gestión de 1.800 kilómetros de rutas nacionales y elimina los subsidios estatales

La administración central oficializó la adjudicación de las autopistas de acceso al AMBA y corredores clave hacia el interior que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Las empresas operadoras asumirán el mantenimiento por 20 años.


La Casa Rosada dio un paso decisivo en su plan de reforma del sistema de infraestructura vial al firmar la resolución de adjudicación para los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. A través de esta medida, un total de 1.800 kilómetros de rutas nacionales dejarán de recibir financiamiento público directo y pasarán a ser administrados por operadores privados, consolidando el nuevo esquema de gestión estatal sin aportes del Tesoro.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ponderó el impacto fiscal de la medida, señalando que los corredores viales "pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos". La fiscalización de todo el proceso y el cumplimiento de los contratos estará a cargo de Vialidad Nacional, bajo la modalidad de control por resultados.

Los corredores viales que pasan a manos privadas

La adjudicación comprende dos grandes bloques de conectividad estratégica para el transporte de cargas, la producción agropecuaria y el turismo hacia el sur del país:

El Tramo Pampa abarca la extensión de la Ruta Nacional 5 hasta su empalme directo con la Ruta Nacional 35, un corredor de alta relevancia para el traslado de materias primas en la región pampeana.

El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur concentra accesos neurálgicos del AMBA y enlaces hacia el interior, incluyendo las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, junto con las rutas nacionales RN 3, RN 205 y RN 226.

Plazos contractuales y financiamiento mediante peajes

El modelo impulsado por el Gobierno de Javier Milei establece que las empresas ganadoras de las licitaciones asuman la responsabilidad integral del mantenimiento, la actualización de señalización, la modernización de la calzada y la explotación del servicio. Los contratos de concesión tienen una vigencia estipulada de 20 años, período durante el cual las firmas recuperarán los costos operativos mediante el cobro de tarifas de peajes reguladas por los pliegos oficiales.

Con esta resolución, el oficialismo busca transferir la totalidad del gasto de conservación vial al sector privado para profundizar el superávit fiscal, argumentando que el esquema de licitaciones públicas internacionales garantiza la llegada de capitales sin afectar las cuentas públicas ni generar nuevas deudas para el Estado nacional.

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