El Gobierno nacional oficializó una profunda modificación en el esquema de financiamiento del transporte de larga distancia al eliminar el sistema de compensaciones económicas que el Estado nacional abonaba a las empresas de micros por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer.
La medida, instrumentada a través de la Resolución 28/2026, quita de forma definitiva el reintegro financiero que las compañías transportistas recibían por cada boleto emitido bajo esta modalidad protectora. El argumento central del Ejecutivo radica en el nuevo marco de desregulación del sector: al poseer libertad tarifaria y autonomía para fijar sus costos, las empresas privadas deben absorber este beneficio social dentro de su propia estructura comercial y operativa.
A pesar de la quita del subsidio estatal a las cámaras empresarias, las autoridades aclararon de forma tajante que el derecho de los usuarios a viajar gratis no sufrió ninguna modificación legal. Las empresas de transporte de larga distancia continúan obligadas por la normativa nacional vigente a otorgar los pasajes sin cargo a las personas contempladas en las leyes de protección social.
La quita del reembolso económico no anula la obligatoriedad del beneficio, por lo que cualquier negativa por parte de las boleterías o plataformas de venta online a entregar los tickets configurará una infracción directa a la legislación nacional.
Ante las lógicas tensiones que la medida puede generar entre las empresas del sector, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) emitió una fuerte advertencia. El organismo regulador confirmó que mantendrá e intensificará los controles en las principales terminales de ómnibus de todo el país.
Desde la CNRT informaron que se continuará fiscalizando de manera estricta el cumplimiento de la carga de pasajes en los sistemas informáticos y la atención en las ventanillas. Aquellas compañías que restrinjan los cupos, impongan trabas burocráticas o incumplan con la entrega efectiva de los boletos gratuitos para personas con discapacidad serán pasibles de severas sanciones económicas y suspensiones de servicios.
Los usuarios que detecten irregularidades o reciban una negativa por parte de las empresas pueden asentar la denuncia de forma inmediata a través de los canales virtuales del organismo de control o en los puestos físicos de la CNRT en las terminales de micros.