Advierten que la primera gran obra del Proyecto Vicuña se construirá sin industria argentina

La adjudicación de la construcción del campamento del Proyecto Vicuña de San Juan encendió las alarmas en toda la cadena de valor minera argentina. Es que las compañías Lundin Mining y BHP anunciaron que la obra fue adjudicada a una compañía china que proveerá íntegramente desde el gigante asiático los módulos, estructuras y materiales necesarios para desarrollar el complejo habitacional destinado a albergar a casi 4.500 trabajadores.

El proyecto minero prevé una inversión inicial estimada en US$ 7.100 millones, con una vida útil superior a los 25 años y una producción proyectada de aproximadamente 395.000 toneladas anuales de cobre, además de importantes volúmenes de oro y plata, posicionándolo entre los desarrollos de cobre más relevantes del mundo.

La obra adjudicada contempla aproximadamente 45.000 metros cuadrados de construcción modular y más de 4.500 toneladas de acero. Sin embargo, según la información conocida hasta el momento, ninguno de esos insumos será adquirido en Argentina y la participación de proveedores nacionales y de las comunidades locales será prácticamente nula.

“La minería tiene una oportunidad histórica para convertirse en un verdadero motor de desarrollo para la Argentina. Pero para que eso ocurra, las inversiones deben generar empleo, fortalecer proveedores nacionales y dejar capacidad instalada en las regiones donde operan. Cuando una obra de esta magnitud se ejecuta íntegramente con insumos importados, se pierde una oportunidad estratégica para el país”, expresó Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI).

Contradicción

La decisión genera una fuerte preocupación entre empresas, trabajadores y referentes de las provincias mineras, ya que contradice uno de los principales compromisos asociados al desarrollo de grandes proyectos extractivos: “generar empleo local, fortalecer proveedores nacionales y producir un efecto derrame sobre las economías regionales”.

Desde hace años, la industria minera sostiene que los grandes proyectos deben transformarse en motores de desarrollo para las comunidades donde operan, promoviendo la contratación de mano de obra local y priorizando a empresas argentinas en igualdad de condiciones competitivas.

En este caso, la adjudicación parece avanzar en sentido contrario. “La totalidad de la ingeniería modular, las estructuras metálicas y los componentes constructivos llegarían desde el exterior, reduciendo significativamente las oportunidades para fabricantes, contratistas, metalúrgicas, empresas de servicios y trabajadores argentinos”, sumó la CACMI.

La preocupación adquiere aún mayor relevancia considerando que el Proyecto Vicuña es señalado por especialistas y analistas internacionales como uno de los principales proyectos cupríferos en desarrollo a nivel mundial y uno de los pilares sobre los cuales Argentina proyecta multiplicar sus exportaciones mineras durante la próxima década.

La preocupación no se limita únicamente al volumen económico de esta contratación. También se cuestiona la “ausencia de mecanismos transparentes que permitan a proveedores locales competir en igualdad de condiciones o acceder a esquemas de integración progresiva que favorezcan el desarrollo industrial nacional”.

La noticia reabre un debate central para el futuro de la minería argentina: ¿Qué nivel de participación tendrán las empresas nacionales en las inversiones multimillonarias que se anuncian para los próximos años? ¿Los beneficios de estos proyectos quedarán en las comunidades y en la economía argentina o se concentrarán principalmente en proveedores extranjeros?

“Si el proyecto minero más importante de la historia argentina comienza sin proveedores argentinos, sin acero argentino y sin trabajo argentino, es momento de preguntarnos cuál será el verdadero impacto de estas inversiones sobre el desarrollo nacional y las economías regionales”, acotó Rudoni.

La construcción del campamento de Vicuña marca un antecedente que podría definir el rumbo de las próximas adjudicaciones del proyecto, que demandará miles de millones de dólares en infraestructura, construcción, servicios, logística y equipamiento durante los próximos años.

Por eso, referentes empresariales y actores de la cadena de valor consideran indispensable que se revisen los “criterios de contratación” y se establezcan mecanismos concretos para garantizar una participación efectiva de la industria nacional y de las comunidades locales.