El Gobierno y las universidades acordaron aumento salarial, pero sigue el conflicto judicial

El Gobierno nacional y las universidades públicas argentinas sellaron hoy un histórico acuerdo salarial y presupuestario que marcó un punto de tregua tras casi tres años de un profundo e intenso conflicto. El acta de entendimiento fue firmada en el Palacio Sarmiento por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los principales representantes gremiales del sector.

El entendimiento alcanzado destrabó el financiamiento educativo e incluyó un paquete de medidas urgentes de recomposición económica para los trabajadores docentes, no docentes y la comunidad estudiantil de todo el país.

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— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) June 10, 2026

Los cuatro ejes clave del entendimiento económico

El acuerdo firmado entre la Casa Rosada y las autoridades universitarias contempló un esquema de actualización de partidas diseñado para frenar el perjuicio operativo de las altas casas de estudio:

• Aumento salarial: Se fijó una recomposición salarial estimada en el 24,3% para la totalidad de los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario.

• Garantía frente a la inflación: El oficialismo sumó el compromiso político de activar cláusulas de revisión para evitar que los sueldos del sector sigan perdiendo poder adquisitivo frente a los índices inflacionarios durante el resto del año.

• Presupuesto para salud: Se dispuso un financiamiento de $50.000 millones destinado específicamente a sostener, equipar y reforzar los hospitales universitarios.

• Becas estudiantiles: Se acordó un incremento del 50% en los montos económicos del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

La tregua presupuestaria dejó afuera el conflicto judicial

A pesar de la firma del pacto económico y la foto de consenso obtenida en la jornada de hoy, el acuerdo se cerró dejando afuera el principal punto de discordia legal entre las partes: las universidades no retiraron su demanda judicial.

Originalmente, los negociadores del Poder Ejecutivo exigían como condición excluyente dar de baja la acción de amparo para poder liberar y transferir los fondos acordados. Sin embargo, los rectores nucleados en el CIN se mantuvieron firmes en su postura de defensa autonómica.

De esta manera, el proceso judicial que cuestiona la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario continuará bajo el análisis definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manteniendo un frente de conflicto técnico que la administración nacional no logró desactivar.