En un importante operativo realizado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, efectivos de la Dirección de Delitos Contra la Propiedad Automotor, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, desarticularon este miércoles un comercio dedicado presuntamente a la comercialización irregular de autopartes y repuestos de origen ilícito.
La inspección se llevó a cabo en un establecimiento ubicado sobre la avenida Gaona, entre las calles Sauce y El Sereno, donde los investigadores detectaron numerosas irregularidades vinculadas a la Ley RUDAC (Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas) y a la normativa provincial que regula el comercio de autopartes.
Durante el procedimiento fueron aprehendidos Rodrigo Ezequiel Fernández, de 29 años, y Gabriel Alejandro Taborda, de 42, señalados como responsables del local. La causa quedó caratulada como “Encubrimiento agravado por el ánimo de lucro con habitualidad e infracción a las leyes RUDAC y 13.081”, con intervención de la UFI N°10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal María Florencia Toscano.
Los investigadores hallaron una chapa patente correspondiente a un Ford Focus con pedido de secuestro activo por hurto automotor emitido por la Justicia de Avellaneda, además de una motocicleta Gilera también con pedido de secuestro vigente por una causa de hurto tramitada en La Matanza.
La magnitud del hallazgo quedó reflejada en el secuestro de 2.090 autopartes y repuestos, entre ellos puertas, ópticas, computadoras ECU, motores, llantas, cubiertas, alternadores, paragolpes, tableros, butacas y diversos componentes de automóviles y motocicletas. También fueron encontrados trece restos de vehículos desarmados.
Asimismo, se incautó documentación de interés para la investigación, incluyendo libros de registro automotor, documentación vinculada a la actividad comercial, recibos de pago y equipos DVR.
Ante la imposibilidad de acreditar la procedencia de gran parte de los elementos secuestrados, se convocó a especialistas de la Superintendencia de Seguridad Siniestral y Ambiental y a organismos vinculados al control ambiental para realizar pericias específicas en el predio.
Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó el secuestro de todos los vehículos, autopartes y repuestos en infracción, además de la aprehensión de los responsables del comercio. También se dispuso identificar a los titulares registrales de los vehículos que no registran baja para recibirles declaración testimonial.