Allanamiento por material de abuso infantil en Benito Juárez acaba con un detenido y un arsenal secuestrado

Un operativo policial en Benito Juárez terminó con la detención de un hombre de 43 años acusado de estar vinculado a la presunta distribución de material de abuso sexual infantil a través de aplicaciones de mensajería, y en el operativo se secuestró un importante arsenal armamentístico.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sub DDI local, bajo directivas de la UFI Nº 22 del Departamento Judicial Azul, en el marco de una investigación que se inició a partir de reportes de organismos internacionales especializados en delitos contra la integridad sexual de menores en entornos digitales.

Según fuentes judiciales, las alertas indicaban que desde una cuenta de mensajería se habrían compartido archivos con contenido ilegal, lo que activó una serie de tareas de inteligencia digital, análisis de comunicaciones y rastreo que permitieron identificar al sospechoso y ubicar el domicilio desde donde se originaban las maniobras.

Peritajes clave y hallazgo de armas

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda de calle La Rioja al 28 del mencionado municipio del centro de la provincia de Buenos Aires y, durante el operativo, los efectivos secuestraron teléfonos celulares y computadoras que serán sometidos a peritajes informáticos para determinar su vinculación con la causa.

Sin embargo, el procedimiento sumó un dato inesperado: en el lugar se encontró un importante arsenal compuesto por dos revólveres calibre .32, una carabina calibre .22, dos escopetas y numerosas municiones de distintos calibres y, según se informó, varias de las armas carecían de numeración visible o identificatoria.

Ante esta situación, el sospechoso no solo quedó imputado en la causa principal, sino también por una presunta infracción a la legislación vigente sobre tenencia de armas de fuego.

La investigación continúa con el análisis de los dispositivos secuestrados, mientras los investigadores buscan establecer el alcance de la actividad denunciada y determinar si existen más personas involucradas en la posible circulación de este tipo de material ilegal.

El caso vuelve a poner en foco el crecimiento de los delitos digitales vinculados a la explotación infantil y la importancia de la cooperación internacional para detectarlos y desarticularlos.