A partir de este miércoles 1 de julio, se consolidará un vuelco absoluto en la administración y el tránsito de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y los corredores del interior bonaerense y pampeano. El Gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, oficializó la firma de los contratos de concesión de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, marcando el inicio de la gestión privada sobre 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas.
Hasta la fecha, estos corredores de altísimo caudal vehicular eran operados bajo la órbita de la empresa estatal Corredores Viales S.A. Con este nuevo esquema de inversión privada, las firmas adjudicatarias asumirán por completo la explotación, administración y el mantenimiento de las calzadas, eliminando de forma definitiva los subsidios y aportes financieros del Estado Nacional.
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— totocaputo (@LuisCaputoAR) June 30, 2026
Seguimos avanzando con la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada.
Firmamos los contratos de la Etapa II-A y, a partir de mañana, las empresas adjudicatarias asumirán la operación y el mantenimiento de 1.871 km de rutas nacionales y autopistas…
La transferencia operativa se dividió en dos grandes bloques geográficos y estratégicos que afectan de manera directa a miles de usuarios diarios:
Acceso Sur y Atlántico: Este bloque, que pasa a ser operado por la firma Rutas Sur Atlántico S.A., abarca 1.325,17 kilómetros. Incluye trazas fundamentales para el transporte diario y el turismo como la autopista Riccheri, la autopista Ezeiza-Cañuelas y la Jorge Newbery, además de tramos clave de las rutas nacionales 3, 205 y 226.
Tramo Pampa: Quedará bajo la órbita de la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. Comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, uniendo la localidad bonaerense de Luján con el empalme de la Ruta Nacional 35 en la provincia de La Pampa, una vía neurálgica para la cadena agroindustrial de la región.
El nuevo modelo implementado por el Ministerio de Economía establece que las empresas privadas deberán autofinanciar la totalidad de las obras viales y las tareas de repavimentación y mantenimiento pautadas contractualmente. La función del Estado, mediante Vialidad Nacional, se limitará exclusivamente a auditar y supervisar que se cumplan los niveles de servicio y las condiciones óptimas de transitabilidad exigidas por contrato.
El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para ratificar la medida y ponderar los beneficios de la desestatización del área.
“Seguimos avanzando con la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada. Firmamos los contratos de la Etapa II-A y, a partir de mañana, las empresas adjudicatarias asumirán la operación y el mantenimiento de 1.871 km de rutas nacionales”, indicó el jefe de la cartera económica.
Para cerrar, el titular de Hacienda enfatizó el lineamiento que persigue la reforma de la infraestructura pública: "Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos", sentenció.