El Gatopardo sanitario: cambiar todo para que nada cambie

Por Juan Manuel Ibarguren (*)

En “El Gatopardo”, Giuseppe Tomasi di Lampedusa hizo decir a Tancredi, sobrino del príncipe de Salina, una frase que con el tiempo se volvió categoría política: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. La aristocracia siciliana no resistía la revolución garibaldina: la absorbía, se disfrazaba con ella, y conservaba intacta la estructura de poder debajo del ropaje nuevo.

Pocas metáforas describen con tanta precisión lo que le ha ocurrido al sistema de salud argentino en las últimas dos décadas: gobiernos de signo opuesto, discursos antagónicos, y una misma arquitectura de exclusión que sobrevive, indiferente, a cada cambio de vestuario.

El “Estado presente” que nunca llegó a la salud

Durante los gobiernos kirchneristas se declamó, como consigna central, la idea de un Estado presente. Fue el contrapunto discursivo de los 90: donde el menemismo había predicado el retiro del Estado, el relato posterior a 2003 prometía su regreso. Pero en salud, ese regreso fue mayormente retórico.

Las asimetrías estructurales heredadas de la década neoliberal —la fragmentación entre subsistema público, obras sociales y prepagas; el desfinanciamiento crónico del sector público provincial; la falta de un sistema único y verdaderamente federal— no solo no se corrigieron, sino que en muchos aspectos se profundizaron.

La raíz de esa profundización tiene nombre y fecha: la descentralización de los 90, cuando la Nación transfirió a las provincias la responsabilidad de sostener la educación y la salud pública sin transferir, en la misma proporción, el financiamiento necesario para sostenerlas.

La Ley de Coparticipación Federal, que debía garantizar una distribución equitativa de los recursos entre Nación y provincias, jamás se sancionó en los términos que exige la Constitución reformada en 1994. Su artículo 75 inciso 2 impuso un plazo —antes de finalizar 1996— que ya lleva tres décadas de incumplimiento. El resultado es un sistema de salud provincializado que opera con un cheque en blanco de responsabilidades y una billetera vacía.

Sobre ese terreno ya deformado, el kirchnerismo no reconstruyó: administró la fragmentación con nuevo discurso. Se habló de Estado presente mientras la salud pública, en los hechos, era cada vez más ausente —entre la corrupción de una parte de su dirigencia y la negligencia de gestión de otra—. El significante cambió; la estructura, no.

La antítesis declarada y la misma consecuencia

El gobierno actual invierte el signo del relato. Donde antes se declamaba la presencia estatal, ahora se declama su enemistad: el propio presidente se ha definido como una fuerza que vino a demoler el Estado desde adentro, como un topo que cava su propia destrucción. Es, en apariencia, la negación absoluta de todo lo anterior.

Y sin embargo, el resultado converge. Si en un caso el Estado se ausentaba de la salud mientras proclamaba su presencia, y en el otro se ausenta de la salud proclamando abiertamente que ese es el objetivo, la consecuencia para el paciente, para el prestador y para el sistema es exactamente la misma: menos Estado donde la Constitución exige más. Hay, en el fondo, una inquietante coherencia entre gobiernos que se presentan como opuestos: la desaparición progresiva de la responsabilidad indelegable que el Estado tiene sobre la salud de la población, más allá de cuál sea el color político de turno.

Porque conviene decirlo con toda claridad: la salud no es una preferencia ideológica de un gobierno u otro. Es un mandato constitucional y una responsabilidad indelegable con la ciudadanía, esté o no de moda declamarla, se la financie o se la desfinancie, se hable de presencia o de ausencia.

Una crisis crónica que no distingue banderas

El sistema de salud argentino atraviesa hoy una crisis estructural que no es nueva, pero que se agrava. Persisten asimetrías insensatas entre lo que reciben los financiadores del sistema y lo que efectivamente llega a los prestadores. Más de 5 mil clínicas acumulan hasta 25 años de deuda en aportes patronales impagos, un indicador brutal de hasta qué punto la ecuación económica del sector se volvió insostenible. El sector público, mientras tanto, no cuenta con la capacidad instalada necesaria para responder a la demanda real de los pacientes que no tienen otra cobertura.

A esto se suma una asignatura pendiente que atraviesa gobiernos de todo signo desde la década de 1960: las obras sociales sindicales continúan recibiendo fondos multimillonarios sin un control efectivo, ni sanitario ni financiero, proporcional a la magnitud de esos recursos. Bajo la bandera de la desregulación, la Superintendencia de Servicios de Salud fue resignando buena parte de sus potestades de contralor, un proceso que se aceleró con los DNU y las decisiones posteriores de la gestión actual. Se desregula el control, no la ineficiencia.

El abismo hacia el que converge todo

Cambiar todo para que nada cambie. Y si nada cambia, la dirección es previsible: los prestadores, cada vez más cerca del abismo financiero. Los pacientes, declamados de un signo político y de otro, cada vez más a la intemperie del sistema real. Y las grandes corporaciones de la salud, concentrando cada vez más poder económico, un poder que se traduce en asimetría en la negociación de aranceles, en posición dominante frente a prestadores atomizados, y en la explotación silenciosa de los médicos, que son, en definitiva, quienes efectivamente sostienen el sistema con su trabajo.

Lo que está en juego antes de octubre

Este es un sistema que, si no se pone sobre la mesa en vísperas de un año electoral —si no se lo asume como una verdadera política de Estado y no como un capítulo más del relato de turno—, seguirá en terapia intensiva. Mientras tanto, los ciudadanos, tengan o no recursos, en todos los estratos sociales, tendrán cada día menos acceso real a una salud de calidad y efectiva.

La pregunta que Lampedusa dejó flotando en su novela sigue vigente para la salud argentina: ¿Cuánto se puede cambiar en la superficie —discursos, siglas, enemigos declarados— sin tocar jamás la estructura que produce la exclusión? Mientras no exista una verdadera coparticipación federal, un control real y efectivo sobre los fondos de las obras sociales, y una decisión política sostenida en el tiempo —no en el calendario electoral— para financiar la salud como manda la Constitución, seguiremos siendo, como los sicilianos de Tancredi, testigos de un cambio que no cambia nada.

(*) Secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF)