La autonomía municipal: una discusión necesaria para construir la Provincia de Buenos Aires del futuro

Por Víctor Rengifo (*)

La reapertura del debate sobre la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires, impulsada por iniciativas como la del municipio de Castelli y por el creciente consenso de especialistas sobre la necesidad de modernizar el régimen municipal bonaerense, representa una oportunidad para pensar una reforma institucional de largo plazo. No debería ser una discusión atravesada por intereses coyunturales ni por la conveniencia de quienes hoy ejercen el poder, sino una reflexión seria sobre cómo construir un Estado más eficiente, cercano y responsable. 

Desde la reforma constitucional de 1994, el artículo 123 de la Constitución Nacional establece que cada provincia debe asegurar la autonomía municipal y regular su alcance en los aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires continúa siendo una excepción, ya que sus municipios siguen regidos por una Ley Orgánica de Municipalidades sancionada en 1958 y carecen de autonomía institucional para dictar sus propias Cartas Orgánicas. 

La realidad demuestra que los municipios bonaerenses hoy administran mucho más que alumbrado, barrido y limpieza. Gestionan salud primaria, seguridad ciudadana, educación, desarrollo social, ambiente, transporte, producción, empleo y atención de emergencias. Es decir, asumen responsabilidades que hace décadas eran exclusivamente provinciales o nacionales. Sin embargo, muchas veces deben hacerlo sin las herramientas legales ni los recursos suficientes para responder con rapidez a las demandas de los vecinos. 

La autonomía permitiría adaptar las instituciones locales a las características de cada comunidad. No es lo mismo gobernar un municipio rural de veinte mil habitantes que uno del conurbano con más de un millón de personas. Poder diseñar estructuras administrativas propias, establecer mecanismos modernos de participación ciudadana, organizar organismos de control y definir prioridades de gestión fortalecería la calidad institucional y acercaría las decisiones a quienes conocen de primera mano los problemas del territorio.

También podría mejorar la eficiencia del Estado. Muchas decisiones hoy dependen de autorizaciones o regulaciones provinciales que ralentizan la gestión cotidiana. Una mayor capacidad de decisión permitiría responder con mayor rapidez en obras públicas, planificación urbana, desarrollo económico local o políticas ambientales.

Pero sería un error reducir este debate a una mayor concentración de poder en manos de los intendentes. Esa es precisamente la preocupación que hoy manifiestan distintos sectores políticos y de la sociedad. Si la autonomía se interpreta únicamente como una herramienta para fortalecer liderazgos personales o facilitar permanencias indefinidas en el poder, perdería legitimidad antes de comenzar.

Por eso, cualquier reforma debería incorporar una serie de resguardos institucionales que garanticen que la autonomía beneficie a los ciudadanos y no a los gobiernos de turno.

Entre ellos resulta fundamental establecer:

• límites claros a las reelecciones para evitar procesos de perpetuación en el poder; 

• organismos locales de control verdaderamente independientes; 

• mayor transparencia en la administración de los recursos públicos; 

• mecanismos de participación ciudadana, como audiencias públicas e iniciativas populares; 

• reglas claras de responsabilidad fiscal para impedir desequilibrios financieros; 

• fortalecimiento del rol de los concejos deliberantes como órganos de control político; 

• sistemas modernos de acceso a la información pública y gobierno abierto. 

La autonomía debe significar más control ciudadano y mejor calidad institucional, nunca menos.

Otro aspecto indispensable es evitar que la autonomía profundice las desigualdades entre municipios. La provincia de Buenos Aires presenta enormes diferencias económicas y demográficas. Existen distritos con una importante capacidad de recaudación y otros que dependen casi totalmente de la coparticipación provincial. Por ello, cualquier reforma debe preservar mecanismos solidarios de distribución de recursos que aseguren igualdad de oportunidades para todos los bonaerenses, vivan donde vivan.

En definitiva, la autonomía municipal no debería verse como un beneficio para los intendentes ni como una herramienta para ampliar cuotas de poder. Debe entenderse como una reforma estructural del Estado bonaerense, orientada a construir gobiernos locales más responsables, más eficientes y más cercanos a los ciudadanos.

La Provincia de Buenos Aires enfrenta desafíos cada vez más complejos en materia de seguridad, salud, infraestructura, desarrollo urbano y producción. Pretender resolverlos con un esquema institucional diseñado hace casi setenta años parece insuficiente. Modernizar el régimen municipal es una discusión que tarde o temprano deberá darse.

El desafío consiste en hacerlo con una mirada republicana: otorgando mayores capacidades a los municipios, pero también mayores responsabilidades, más controles y mejores mecanismos de rendición de cuentas. Solo así la autonomía municipal dejará de ser una demanda histórica para convertirse en una verdadera política de Estado, pensada para el futuro de la provincia y no para las necesidades políticas del presente.

(*) Dirigente político de Presidente Perón