El bloque de diputados provinciales del kirchnerismo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca imponer restricciones estrictas a la compra y titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros. La iniciativa fue elaborada por los legisladores Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero.
El texto surge como un contrapeso político y jurídico a la agenda del Gobierno nacional de Javier Milei, que promueve la desregulación del mercado inmobiliario rural a través del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debate en el Congreso de la Nación.
Los autores fundamentan la competencia bonaerense en el artículo constitucional que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, buscando consolidar un marco regulatorio propio ante eventuales modificaciones a nivel federal.
El proyecto de ley introduce topes de superficie, restricciones geográficas y nuevos instrumentos de fiscalización fiscal sobre el suelo agrícola:
Tope de extranjerización del 15%: Establece un límite máximo para la titularidad o posesión de extranjeros sobre la superficie rural total, tanto a escala provincial como de manera individual en cada uno de los 135 municipios.
Límite por nacionalidad: Las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no podrán concentrar más del 30% del cupo total permitido.
Restricción en la Zona Núcleo: Prohíbe que un mismo titular extranjero supere las 1.000 hectáreas en los distritos de mayor productividad agrícola. Esta limitación alcanza a municipios como Pergamino, Junín, Rojas, Chacabuco, Colón, Salto, Chivilcoy, Bragado, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Carmen de Areco, Leandro N. Alem, General Viamonte, General Arenales, Alberti, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento y San Andrés de Giles.
Creación del Registro Provincial de Tierras Rurales: Dispone la creación de un organismo encargado de emitir certificados de habilitación previa a cada compraventa. Su función principal será identificar al "beneficiario final"detrás de sociedades, fideicomisos o fondos de inversión para evitar el uso de empresas pantalla o testaferros.
Protección de recursos hídricos y áreas sensibles: Prohíbe de forma taxativa la venta de tierras que contengan o sean linderas a ríos, lagos o grandes cuerpos de agua permanentes. Asimismo, exige autorización previa para operaciones en humedales, cuencas hídricas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y zonas de agricultura familiar.
#Congreso 🏛️⚠️ Fracasó la Ley de Propiedad Privada: el Senado postergó el debate por falta de votos
— ANDigital (@ANDigitalOK) July 17, 2026
El oficialismo sufrió un nuevo revés legislativo. La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no pudo avanzar en el Senado debido a la falta de consensos y a… pic.twitter.com/A3ooCPJonK
Si bien el promedio de extranjerización rural en la provincia de Buenos Aires se sitúa en un 2,89% (equivalente a unas 834.421 hectáreas segun datos del Registro Nacional de Tierras Rurales), los legisladores advirtieron sobre concentraciones elevadas en el corredor fluvial.
De acuerdo con las estadísticas oficiales citadas en el expediente, el municipio de Zárate registra un 24,8% de sus campos en manos de capitales extranjeros, mientras que en Campana la cifra alcanza el 50,2%, superando ampliamente los parámetros de conservación territorial.
El texto fija salvedades para no afectar a residentes integrados al entramado local:
Residentes históricos: Quedan excluidos de las restricciones los extranjeros que acrediten una residencia continua, permanente y demostrable de más de 10 años en la Argentina.
Vínculo familiar: Aplica a extranjeros con hijos nacidos en el país que demuestren un mínimo de 5 años de radicación.
La presentación en La Plata se da en paralelo a las negociaciones del Poder Ejecutivo Nacional en el Senado para destrabar la reforma de la ley de tierras, cuyo tratamiento fue postergado en cuatro oportunidades y tiene fecha clave de debate prevista para el 6 de agosto.
Ante la falta de consenso en el bloque federal, el oficialismo nacional aceptó modificar el dictamen incorporando una cláusula para que cada provincia conserve la facultad final de autorizar o vetar la venta de campos dentro de su territorio. Frente a esta concesión, la bancada bonaerense busca sancionar una normativa restrictiva propia antes de que el texto nacional pueda convertirse en ley.