En el marco del plan de modernización y desregulación del Estado, el Gobierno Nacional oficializó la disolución de un emblemático organismo público de control: el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). La medida, instrumentada mediante el Decreto N° 697/2026 publicado en el Boletín Oficial, elimina la entidad que operaba bajo la órbita de la ANMAT y redistribuye la totalidad de sus competencias en dos áreas estratégicas:
SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria): Absorbe las funciones operativas de registro, control y fiscalización de productos alimenticios y del comercio exterior. El organismo centralizará la gestión mediante una nueva Base Única de Datos para garantizar la trazabilidad de establecimientos e insumos en todo el país.
Ministerio de Salud de la Nación: Deja las tareas operativas de inspección para concentrarse de manera exclusiva en la rectoría y definición de políticas sanitarias. La prioridad inicial de la cartera será diseñar regulaciones orientadas a la eliminación de colorantes y saborizantes artificiales en productos procesados.
Desde el Ejecutivo explicaron que la reorganización responde a un criterio de capacidad operativa: el SENASA ya cuenta con la infraestructura territorial, el cuerpo de inspectores y la red de laboratorios más grande del país, lo que permite eliminar superposiciones burocráticas sin descuidar la seguridad alimentaria.
El decreto introdujo cambios de fondo sobre el Código Alimentario Argentino (CAA) con el objetivo de agilizar la operatoria del sector productivo, dinamizar el comercio e incentivar la competencia:
Plazo máximo de 45 días: Se fijó un tope de 45 días hábiles para resolver cualquier solicitud de actualización o modificación de las normativas vigentes del Código Alimentario, otorgando mayor previsibilidad a la industria.
Importaciones simplificadas: Se validarán automáticamente por equivalencia las certificaciones de ingredientes y aditivos de países que utilicen el Codex Alimentarius. Para los alimentos envasados listos para venta directa, los controles físicos se realizarán de forma posterior a su ingreso al país para evitar demoras aduaneras.
Agilización de exportaciones: Se simplificaron las exigencias para los despachos al exterior, requiriendo únicamente el cumplimiento de la normativa del país de destino y unificando la emisión de certificados internacionales bajo la firma del SENASA.
La reforma busca además reducir la carga administrativa para las empresas elaboradoras de alimentos mediante la creación de un registro único de establecimientos con identificación clara para el tránsito federal.
A su vez, el SENASA impulsará convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar hacia un sistema armonizado de aranceles, requisitos y sanciones, evitando la doble imposición de trámites que históricamente encarecía y demoraba la comercialización de alimentos en el país.