Frente al marcado incremento de la morosidad y el sobreendeudamiento en los hogares, el diputado nacional de Provincias Unidas por Buenos Aires, Pablo Juliano, presentó un proyecto de ley destinado a regular de manera integral el ecosistema financiero digital en la Argentina.
Según se explicó la propuesta no busca restringir la innovación tecnológica ni el desarrollo Fintech, sino fijar estándares mínimos de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera sin descuidar la dignidad de consumidores y usuarios.
“Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida”, puntualizó el legislador radical remarcando que el objetivo final es la reinserción social y económica de los deudores sin premiar el incumplimiento ni aplicar cancelaciones automáticas.
“Hoy hay argentinos que están comprando en cuotas la comida que van a consumir durante la semana. Hay familias que van a la farmacia y tienen que financiar en cuotas los medicamentos. Entonces no me digan que esto es solamente ‘un problema entre privados’. Cuando millones de personas necesitan endeudarse para comer, para curarse o para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo crecen la mora y los niveles de incumplimiento, estamos frente a un problema económico y social de carácter sistémico”, acotó.
En este sentido, planteó que “una deuda puede ser privada, pero cuando el sobreendeudamiento se vuelve masivo, las consecuencias dejan de ser privadas. Más temprano que tarde impactan sobre el consumo, sobre el comercio, sobre el empleo, sobre la capacidad de otorgar crédito y, finalmente, sobre todo el sistema financiero. Esperar a que eso ocurra para recién intervenir no es defender la libertad: es abandonar a las familias y dejar que el problema explote”.
El marco regulatorio presentado por Juliano responde a un preocupante deterioro de los indicadores crediticios. Según el Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de mayo de 2026, la mora en las familias ascendió al 12,8 % en el sistema bancario. El escenario es aún más crítico en el sector no bancario: la irregularidad en proveedores no financieros rozó el 28,7 % (según datos de EcoGo a mayo de 2026), impulsada por mora en préstamos personales (34,1 %) y tarjetas de crédito (19,4 %).
“Las billeteras virtuales deben cumplir los mismos protocolos que las tarjetas bancarias. Hoy ofrecen créditos con solo un clic, cada vez que se abre el teléfono aparecen cinco o seis veces mensajes alentando el endeudamiento personal, no informan tasas ni el costo financiero final real, y hacen simulaciones engañosas que buscan que el crédito se tome en el acto. Los intereses oscilan entre el 100% y el 700 %”, precisó el parlamentario platense.
Además, advirtió que “le ofrecen crédito a la misma persona endeudada para pagar el crédito tomado con anterioridad, generando un bucle, una situación infinita”.
“Desde nuestro punto de vista el que ofrece el crédito debe hacerlo de forma responsable, algo que no está sucediendo hoy. Y el Estado no puede correrse, no es una relación entre privados que son pares como dicen en el Gobierno. Es una relación de consumo profundamente asimétrica. Nosotros no estamos diciendo que el Estado ponga un peso, pero sí que prevea una legislación que aborde un drama que alcanza a tantísimos los argentinos”, cerró.
HAY QUE LEGISLAR EL CRÉDITO DE LAS BILLETERAS VIRTUALES Y DAR RESPUESTA AL SOBREENDEUDAMIENTO
— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) August 10, 2026
Aunque el Gobierno diga que es un tema entre privados, desde que llegó Milei al poder se multiplicó la morosidad de las familias y se disparó el crédito de corto plazo. La gente no saca… pic.twitter.com/QHEbQ2WyLR
El proyecto pone foco en las dinámicas que aceleran el endeudamiento impulsivo en aplicaciones móviles y billeteras virtuales. En ese sentido, plantea:
La propuesta de Juliano exige que las entidades financieras y Fintech evalúen la situación económica integral del usuario antes de otorgar nuevo financiamiento, evitando la acumulación desmedida de compromisos automáticos repartidos en múltiples plataformas. Para los casos de insolvencia o sobreendeudamiento estructural donde la persona ya no puede afrontar sus obligaciones, la norma introduce un procedimiento judicial de rehabilitación financiera. El trámite contempla:
Asimismo, la iniciativa incorpora un mecanismo de segunda oportunidad: si el usuario actúa de buena fe y cumple sustancialmente con el plan de pagos homologado judicialmente, el juez podrá disponer la extinción total o parcial de las deudas remanentes.