El sueldo sube, pero rinde menos: qué trabajadores tienen menor poder de compra

El salario ocupa un lugar cada vez más importante en las decisiones económicas de los hogares argentinos. Cuando el costo de vida aumenta, no alcanza con saber cuánto subió una remuneración, también importa qué parte de ese ingreso queda disponible después de pagar los gastos habituales y cuánto permite comprar frente a los precios actuales. Esa relación entre ingresos y gastos se convirtió en una de las principales preocupaciones para quienes deben ajustar mes a mes su presupuesto.

Durante 2026, la evolución de los salarios muestra que la desaceleración de la inflación no se tradujo automáticamente en una mejora de las condiciones de los trabajadores. Si bien las remuneraciones continúan creciendo en términos nominales, varios sectores todavía registran aumentos inferiores a la inflación y arrastran parte del retroceso acumulado durante los últimos años.

En este sentido, los recientes datos oficiales del INDEC permiten observar qué ocurrió en los primeros meses de 2026. En mayo, los precios aumentaron 2,1% respecto de abril. Durante el mismo período, los salarios privados registrados subieron 2,0% y los ingresos de los empleados públicos nacionales avanzaron 1,9%. Entre los trabajadores públicos provinciales, el incremento fue de 1,4%.

Sin embargo, el panorama se vuelve más claro cuando se deja de mirar un solo mes y se analiza el último año. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el salario real del sector privado registrado cayó 2,9%. Entre los empleados públicos nacionales, el retroceso interanual llegó al 7,3%, mientras que entre los provinciales fue de 3,2%.

La diferencia resulta todavía más significativa si se toma noviembre de 2023 como punto de partida. Desde entonces, el salario real de los empleados públicos nacionales se encuentra 36,5% por debajo de aquel nivel. En el caso de los trabajadores públicos provinciales, la caída alcanza 9,8% y entre los privados registrados llega al 3,6%.

Pero, ¿qué ocurre cuando se analiza un período mucho más extenso? Un análisis elaborado por Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), utiliza los datos del Índice de Salarios del INDEC y toma 2017 como referencia para observar la evolución del poder adquisitivo hasta febrero de 2026.

El resultado marca una diferencia importante entre trabajadores privados y públicos. Para un trabajador privado formal, el retroceso acumulado equivalió a 16,2 salarios mensuales tomando como referencia el nivel de ingresos de 2017. En el caso del empleado público promedio, la cifra llegó a 21,8 salarios.

Estas cifras no significan que los trabajadores hayan dejado de cobrar esa cantidad de sueldos. El cálculo expresa cuánto ingreso, medido en términos del poder de compra que tenía en 2017, se fue resignando de manera acumulada durante los 98 meses analizados. Así, los 16,2 salarios equivalen a aproximadamente un año y cuatro meses de ingresos, mientras que los 21,8 salarios representan casi dos años.

Asimismo, la dimensión del retroceso permite entender que el impacto no fue uniforme. Los empleados públicos, y particularmente los nacionales, enfrentaron una caída más pronunciada del poder adquisitivo durante los últimos años, en un período que, además, estuvo acompañado por una reducción significativa de la estructura estatal.

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023, hasta junio de 2026, la cantidad de trabajadores públicos nacionales se redujo en 71.661 puestos, un 21% respecto del inicio de la gestión. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la dotación pasó de 343.357 trabajadores a 271.696 en ese período.

El recorte alcanzó a distintos sectores de la administración pública, aunque con diferente intensidad. La mayor reducción en términos absolutos se produjo en los organismos descentralizados, que registraron 25.382 trabajadores menos, seguidos por las empresas y sociedades del Estado, con una disminución de 22.765 puestos. La administración centralizada, por su parte, perdió 17.974 empleados, en tanto que la administración desconcentrada y otros entes también registraron bajas.

De esta manera, la evolución de los salarios se inscribe dentro de una transformación más amplia del sector público. A la reducción de la cantidad de trabajadores se suma el retroceso de los ingresos reales de quienes permanecieron en la administración. El informe del CEPA vincula la disminución de la dotación con la política de reducción del gasto impulsada por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023.

El efecto de este escenario alcanza, a su vez, a los hogares. Y es que cuando una parte cada vez mayor del ingreso debe destinarse al consumo básico, disminuye el margen disponible para enfrentar imprevistos, realizar compras importantes o sostener compromisos financieros. En este contexto, el acceso a alternativas de financiamiento puede convertirse en una herramienta para afrontar gastos extraordinarios cuando el salario no alcanza a cubrirlos por completo.

El impacto no es igual en todas las provincias

Es importante destacar que el panorama cambia según el lugar donde vive y trabaja cada persona.  Un análisis de Fundación Mediterránea muestra que algunas jurisdicciones tienen una fuerte presencia del Estado como empleador y que otras dependen en mayor medida del sector privado formal. Esa diferencia importa porque una caída sostenida de los ingresos reales de los empleados públicos puede tener efectos distintos sobre el consumo y la actividad económica local según el peso que tenga ese grupo en cada territorio.

En esa línea, Tierra del Fuego aparece entre las jurisdicciones con mayor cantidad de empleados públicos provinciales en relación con su población, con alrededor de 141 trabajadores estatales cada 1.000 habitantes. Córdoba se ubica en el extremo opuesto, con unos 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes. También presentan una participación elevada provincias como Santa Cruz y Neuquén.

El contraste ayuda a entender que el impacto de una misma política salarial no necesariamente es igual en todo el país. En una provincia donde una proporción importante de los trabajadores depende del Estado, una pérdida de poder adquisitivo puede repercutir con mayor intensidad sobre los comercios, el consumo y los servicios locales.

CABA presenta una situación diferente. La ciudad registra alrededor de 519 trabajadores privados formales cada 1.000 habitantes. Sin embargo, Fundación Mediterránea advierte que una parte importante de esas personas reside en el Gran Buenos Aires y se traslada diariamente hacia la capital, por lo que el dato debe interpretarse teniendo en cuenta esa particularidad.

El mercado laboral privado, por su parte, atravesó modificaciones durante el último año. Según el mismo análisis, cerca de 100.000 trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras que crecieron modalidades como el monotributo, que incorporó más de 90.000 registros, y el trabajo no registrado. Estos cambios no solo modifican la composición del mercado laboral, sino que pueden alterar la estabilidad y la previsibilidad de los ingresos con los que cuentan los hogares.

Cuando el sueldo se termina antes de que termine el mes

Es en este punto donde la pérdida de poder adquisitivo deja de ser una estadística y empieza a reflejarse en la vida cotidiana. Un relevamiento de la consultora Zentrix encontró que 61% de los argentinos encuestados afirma que su dinero alcanza como máximo hasta el día 20 del mes. El dato no implica necesariamente que esos hogares se queden sin ingresos, sino que el costo de los gastos habituales consume el sueldo antes de que termine el mes.

El mismo estudio señala que otro 24,3% consigue llegar hasta fin de mes, pero sin margen para ahorrar. Apenas 13% afirma que puede cubrir sus gastos y, además, guardar parte de sus ingresos. A esto se suma que 86,1% considera que su salario no le gana a la inflación, una percepción que evidencia la presión que sienten los hogares sobre su presupuesto.

Los resultados de Delfos permiten observar el problema desde otra perspectiva. En abril de 2026, 52% de los argentinos aseguró que no llega a fin de mes, el nivel más alto de la serie relevada por la consultora. Otro 31% dijo que llega “con lo justo”, por lo que 83% de los encuestados atraviesa algún grado de tensión económica. Solo 17% consigue cubrir sus gastos y ahorrar.

Aunque se trata de relevamientos diferentes y sus resultados no son directamente comparables, ambos apuntan a un mismo problema: una parte importante de los hogares tiene poco margen después de afrontar sus gastos.

La presión sobre los ingresos también aparece en las decisiones laborales. Según Delfos, 43% de los argentinos está buscando trabajo, pero el dato central es que buena parte de ese grupo ya tiene una ocupación y busca sumar otra fuente de ingresos porque su remuneración actual no alcanza. En otras palabras, la búsqueda de empleo adicional no responde necesariamente a la falta de trabajo, sino a la necesidad de complementar el ingreso.

Los números demuestran así una realidad que va más allá de la evolución mensual de los salarios. Cuando los ingresos crecen por debajo de los precios, el ajuste termina trasladándose al presupuesto familiar: se reduce el ahorro, se postergan compras y aumenta la necesidad de buscar ingresos adicionales. En 2026, el desafío para los trabajadores no es solamente conseguir aumentos, sino recuperar un nivel de ingresos que vuelva a dar margen para llegar a fin de mes.