La Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez (LLA), continuó, en el Salón Illia, el tratamiento del proyecto de Ley General de Sociedades que deroga la Ley N° 19.550 vigente desde 1972. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, propone reformar el universo societario y pone el foco en la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y en la inclusión de figuras innovadoras como las Sociedades DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas).
Para esta segunda reunión se presentaron doce expositores y la senadora Márquez remarcó que se trabajaría en tres bloques de cuatro invitados para luego pasar a las preguntas de los senadores. Durante el primer bloque, Ricardo Nissen, abogado especialista en derecho comercial y societario, admitió que hay que modificar la actual ley, aunque se mostró en contra del proyecto.
“Que hay que cambiarla seguro, pero esto no. Porque es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y bienes. Para lo único que sirve es para limitar la responsabilidad del empresario, que no responda por nada”, .
Mientras que, a su turno, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, subrayó que la iniciativa contribuye a la transparencia y modernización. “Este proyecto mantiene y fortalece el sistema de prevención de lavado de activos, mantiene inalterado el cumplimiento de los estándares internacionales y brinda una oportunidad para modernizar esta legislación”, afirmó el funcionario.
Por su parte, Débora Çohen, abogada y extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) analizó que vio muchos aciertos en la propuesta y tenía “algunas observaciones”.
“Con la creación del registro nacional de sociedades va a sacar a la luz homonimias entre sociedades, que hoy conviven legítimamente en distintas jurisdicciones provinciales, y eso el proyecto no lo está previendo como resolverlo, al menos con una cláusula transitoria”, sugirió.
En tanto, para Sebastián Heredia Querro, abogado, emprendedor tecnológico y especialista blockchain, “las empresas han sido impactadas por el e-commerce, por la IA y la tokenización, a pesar de ello nuestras PyMEs compiten en un mercado global con leyes de otra época”.
Además, hizo hincapié que muchos emprendedores “para cumplir sus sueños se tienen que ir del país, porque las leyes de Delaware o Silicon Valey están más cerca de la vida comercial. Si no metemos estas normas en nuestro sistema, se nos van a seguir yendo emprendedores y es lo que tenemos que parar”, cerró el especialista.
Además de los mencionados, expusieron también los siguientes invitados: Sebastián Balbín, abogado, profesor titular de derecho societario (Austral y UMSA); Marcelo Gebhardt, abogado especialista en derecho comercial, societario y concursal; Gabriela Calcaterra, abogada y profesora titular de derecho de las personas jurídicas (UNR y UNICEN); Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y titular del programa para la protección de los usuarios y consumidores; Julián Fernando Benito Flores, juez civil y comercial de Resistencia, Chaco; Emiliano Kargieman, CEO y fundador de Satellogic; María Eugenia Marano, abogada especializada en derecho de la empresa, criminalidad económica, lavado de activos y transparencia societaria; y Fernando Pérez Hualde, abogado y magíster en derecho de sociedades.
“No hay que confundir simplificación, modernización y flexibilización con falta de control por parte del Estado. El control no se tiene que traducir en algo negativo: los datos pueden servir para generar políticas públicas en beneficio de las empresas”, dice Marano
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 11, 2026
Finalmente, la presidente de la Comisión agradeció el análisis de los expertos y a los senadores que realizaron preguntas y anunció que continuarán trabajando en el proyecto, en una nueva reunión a confirmar.