Para frenar el crecimiento en altura, por el riesgo estructural y las condiciones de hacinamiento, la Ciudad decidió restringir el ingreso, traslado y acopio de materiales de construcción en el asentamiento “La Carbonilla”, en La Paternal. Y al mismo tiempo, desplegó un operativo de ordenamiento que incluyó el control de los accesos, el retiro de chatarra y autos abandonados y la inspección de comercios.
Este mismo paquete de medidas ya se implementó en la Villa 31 de Retiro: además de retirar chatarra por el equivalente a 40 camiones y de cerrar 6 corralones ilegales que operaban por las noches, la Ciudad clausuró 25 edificaciones prohibidas y 10 fueron demolidas, entre otras acciones. También se instalaron más de 20 carteles de gran tamaño para identificar las obras y construcciones no permitidas.
Las restricciones dispuestas en “La Carbonilla” se enmarcan en la decisión del Gobierno porteño de “garantizar que Buenos Aires sea una sola: con los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas reglas para todos los vecinos”.
Y es parte de la batería de acciones para el ordenamiento del espacio público y la seguridad, como los operativos de saturación desplegados en los barrios, la recuperación de más de 900 inmuebles usurpados y el desalojo de manteros que ocupaban ilegalmente la vía pública.
“Estamos haciendo cumplir las reglas, con más seguridad y mejores condiciones de vida para los vecinos. No vamos a permitir que ninguna villa siga creciendo. Ley y orden en toda la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al supervisar el operativo de saturación en el asentamiento.
Orden en La Carbonilla
— Jorge Macri (@jorgemacri) August 12, 2026
Acá no hay zonas liberadas.
No hay lugares donde la ley es opcional.
Se terminó el ingreso de materiales para que la villa siga creciendo.
La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad. pic.twitter.com/Jjlld8rDfI
El operativo de orden en “La Carbonilla” de este martes incluyó el control de ingresos, el acarreo de autos abandonados e inspecciones de comercios, desde los que venden celulares a los corralones de materiales para la construcción.
Participaron más de 100 agentes de la Policía de la Ciudad, equipos de Desarrollo Humano, Agencia Gubernamental de Control, Instituto de la Vivienda, Fiscalización, Higiene y de la Comuna 15. Y junto al Jefe de Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.
El objetivo de la resolución 472 del Instituto de la Vivienda es ordenar y limitar el ingreso de materiales de construcción para evitar que se usen en nuevas construcciones, ampliaciones o intervenciones no autorizadas dentro del barrio popular más nuevo y grande de la zona.
Nació hacia finales de 2001 sobre predios nacionales linderos a las vías del ferrocarril San Martín, en una franja entre las calles Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa. La propiedad del terreno generó problemas de jurisdicción en el control urbano: la población se expandió rápidamente y superó los 4 mil residentes. Y el trazado pasó de casillas de chapa a edificaciones en altura, con un crecimiento vertical alarmante e inseguro.
Un relevamiento de la Dirección General de Abordaje Territorial en Barrios Populares sobre la evolución de la altura del asentamiento entre 2021 y 2025 identificó un proceso sostenido de expansión, lo que genera mucha preocupación entre los vecinos del barrio de La Paternal: se detectaron en “La Carbonilla” nuevas construcciones sobre edificaciones preexistentes desde los 3 metros hasta casos críticos de hasta 12 y 20 metros.
La resolución del IVC encomienda a la Secretaría de Hábitat e Integración Social la elaboración del “Protocolo para el Ingreso, Registro, Control y Autorización de Materiales de Construcción”, que se implementará de manera coordinada con las áreas de fiscalización, control urbano y la Policía de la Ciudad.

El control de las construcciones en “La Carbonilla” se hará como en la Villa 31: un equipo de fiscalización identificará las obras en ejecución que están en falta y, mediante una inspección de la Agencia Gubernamental de Control, serán clausuradas. Los operativos serán semanales y abarcarán otras actividades irregulares, como los depósitos de garrafas y grandes distribuidoras de bebidas.