Una denuncia penal federal presentada por el abogado Javier Ignacio Baños, exfiscal y ex candidato a diputado nacional, pidió investigar la posible comisión de delitos de acción pública a partir de las declaraciones realizadas por Carlos Maslatón durante una entrevista pública, que apunta a los acusados Javier Milei, Karina Milei y Luis Caputo.
La presentación ingresó formalmente a la Justicia y, según se informó, quedó asignada por sorteo al Juzgado Federal N° 9, donde fue registrada bajo el expediente CFP 4154/2026. El escrito apunta a determinar si las afirmaciones realizadas por Maslatón cuentan con respaldo documental, financiero, administrativo o judicial.
Baños aclaró expresamente que su presentación constituye una noticia criminis y que no pretende afirmar como ciertos los hechos relatados por Maslatón. En ese sentido, sostuvo que la denuncia busca que la Justicia determine si existe sustento probatorio detrás de las manifestaciones efectuadas en la entrevista.
El denunciante puso especialmente el foco en las referencias de Maslatón al funcionamiento económico y financiero del Gobierno nacional, el endeudamiento público, créditos del Fondo Monetario Internacional, una eventual fuga de capitales, el manejo de fondos estatales y posibles beneficios para determinados actores privados.
Uno de los principales capítulos de la presentación está relacionado con el denominado caso $LIBRA. De acuerdo con el escrito, Maslatón sostuvo que el lanzamiento y promoción del criptoactivo habría constituido una maniobra fraudulenta y que el presidente Javier Milei habría tenido conocimiento de ella.
Baños pidió que esas afirmaciones sean verificadas mediante documentación, comunicaciones, registros informáticos, movimientos financieros, trazabilidad blockchain, reuniones y eventuales transferencias o beneficios económicos.
El escrito también incorpora las declaraciones de Maslatón sobre CoinX, una plataforma que había sido promocionada públicamente por Milei antes de asumir la Presidencia. El denunciante solicitó que se determine si existieron advertencias previas sobre el funcionamiento de la empresa, contraprestaciones económicas u otros elementos que permitan establecer si existe alguna relación con los hechos posteriores vinculados a activos digitales.
La denuncia menciona además a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a funcionarios de distintas áreas del Estado.
En relación con Caputo, Baños solicitó que se investigue documentación vinculada con endeudamiento público, política cambiaria, tasas de interés, utilización de reservas, operaciones financieras y acuerdos con organismos internacionales.
Respecto de la Secretaría General de la Presidencia, pidió relevar agendas, reuniones, ingresos a Casa Rosada, comunicaciones y contactos con empresarios, operadores financieros o personas vinculadas al caso $LIBRA.
El escrito también solicita incorporar información de organismos como el Banco Central, Jefatura de Gabinete, Oficina Anticorrupción, SIGEN, Auditoría General de la Nación, UIF, ARCA y Comisión Nacional de Valores, entre otros.
Otro de los ejes planteados por Baños es la causa conocida públicamente como ANDIS, relacionada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El denunciante pidió que se incorporen copias de las actuaciones judiciales y administrativas vinculadas con esa investigación, incluyendo pericias, informes patrimoniales, contrataciones, licitaciones, pagos y registros de comunicaciones.
Según argumentó, el objetivo es determinar si alguno de los hechos mencionados por Maslatón puede guardar relación con investigaciones federales ya existentes.
Entre las principales medidas de prueba solicitadas se encuentra la preservación y certificación judicial de la entrevista de Maslatón, además de la transcripción oficial de los fragmentos considerados relevantes.
También pidió citar al propio Maslatón para que declare como testigo y pueda ratificar, ampliar, aclarar o rectificar sus dichos, identificar sus fuentes de información y aportar documentación.
Baños solicitó además pericias contables, financieras, informáticas y patrimoniales, análisis de trazabilidad de criptoactivos y el entrecruzamiento de información entre las investigaciones vinculadas con $LIBRA, ANDIS, CoinX y otras causas que pudieran resultar relacionadas.
La presentación incluye una extensa enumeración de posibles figuras penales que, según el denunciante, podrían eventualmente analizarse si las hipótesis fueran corroboradas. Entre ellas menciona cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública, malversación, peculado, abuso de autoridad, encubrimiento y enriquecimiento ilícito.
Cabe remarcar que ninguna de estas acusaciones implica una condena ni determina responsabilidad penal de las personas mencionadas. Se trata de una denuncia presentada ante la Justicia, cuyo contenido deberá ser analizado y, eventualmente, investigado por los órganos judiciales y el Ministerio Público Fiscal.
La presentación concluye solicitando que se dé intervención a la Fiscalía, se preserven pruebas que pudieran ser susceptibles de alteración o pérdida, se produzcan las medidas solicitadas y se investigue la eventual existencia de delitos de acción pública.
Asimismo, Baños dejó planteada la reserva del caso federal ante un eventual rechazo o cierre de la investigación sin la producción de las medidas que considera necesarias.