El DFI desarticuló banda que adulteraba trámites de residencia para médicos colombianos

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda conformada por siete personas, entre ellas tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), quienes junto a otros integrantes, adulteraban registros migratorios para favorecer la obtención irregular de residencias permanentes a médicos colombianos, con la finalidad de que posteriormente se instalaran en nuestro país para ejercer su profesión.

La investigación se inició en junio de este año, luego de una denuncia formulada por la Dirección Técnica Jurídica de la DNM, en la que se alertaba sobre la detección de asientos presuntamente apócrifos en sus registros migratorios. Intervino el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, Secretaría Nº 15 de Lucas Lacau, quien encomendó la pesquisa a los efectivos del Departamento Investigaciones Antimafia, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

En consecuencia, los federales comenzaron a realizar un minucioso análisis de la documentación aportada y, luego de arduas tareas investigativas, lograron identificar a tres empleados de la mencionada Dirección Nacional de Migraciones que habrían insertado registros de ingreso al país de carácter fraudulento.

De acuerdo con la investigación, la maniobra tenía como objetivo permitir que ciudadanos colombianos obtuvieran la residencia permanente en la República Argentina sin cumplir con los períodos de permanencia mínimos exigidos legalmente, para posteriormente radicarse en el país y ejercer su profesión. Hasta el momento, fueron individualizados 101 ciudadanos de esa nacionalidad, todos ellos médicos de profesión, involucrados en dicha maniobra.

Adulteración de registros

El modus operandi consistía en que los ciudadanos colombianos ingresaban legalmente al territorio argentino utilizando sus pasaportes y, luego, guiados por miembros de la mencionada organización, iniciaban los trámites de radicación. Posteriormente, regresaban a su país natal.

Sin embargo, cuando se aproximaba el vencimiento del plazo para que no caducara el trámite iniciado debido a la ausencia del solicitante, los integrantes de la banda, a cambio de una determinada suma de dinero, utilizaban las cédulas de identidad que habían dejado los interesados para generar registros de ingreso apócrifos al país, mediante la manipulación biométrica de imágenes fotográficas tomadas a terceros no involucrados, quienes eventualmente pasaban por las ventanillas de Migraciones.

De esta manera, se simulaba que los médicos colombianos habían regresado a territorio argentino, posibilitando así la continuidad de sus trámites migratorios pese a encontrarse en el extranjero, llevando adelante sus vidas con total normalidad.

Con el total de las pruebas recabadas, el juzgado interventor ordenó a los efectivos del Departamento Antimafia de la PFA la realización de 10 allanamientos en los barrios porteños de Floresta y Almagro, y en las localidades bonaerenses de Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno, y La Tablada, entre domicilios particulares y oficinas. Durante los procedimientos, fueron detenidas un total de siete personas: cuatro mujeres (dos argentinas de 35 y 39 años, y dos paraguayas de 38 y 47 años) y tres hombres de nacionalidad argentina, dos de 38 años y uno de 39, respectivamente.

Asimismo, durante las mandas judiciales se secuestraron 14 teléfonos celulares, tres vehículos, seis notebooks, dos discos rígidos, cuatro pendrives, más de 5.000 dólares estadounidenses que se encontraban guardados en diferentes sobres, 100 euros y 7.000 pesos argentinos, además de certificados de residencia y demás documentación de interés para la causa, que oportunamente será sometida a las correspondientes pericias.

Los detenidos, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor, acusados por los delitos de “violación de los deberes de funcionario público”, “cohecho”, “falsedad ideológica”, “abuso de autoridad” y “destrucción de pruebas”.