La diputada provincial de la UCR-Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, encendió las alarmas en el interior bonaerense al revelar el destino real de las partidas del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH). A través de un pedido formal de Acceso a la Información Pública, la legisladora constató que el Gobierno nacional mantiene colocados $354.197 millones en instrumentos financieros en lugar de ejecutar obras clave para evitar emergencias agropecuarias, como la canalización y dragado del Río Salado.
El informe oficial remitido a la legisladora detalla la parálisis de los proyectos y el destino del fondo millonario:
$303.370 millones están invertidos en Letras del Tesoro Nacional, destinados a financiar las necesidades de caja del Ejecutivo central.
$50.779 millones permanecen depositados a la vista en cuentas bancarias sin ser ejecutados.
$47,2 millones se encuentran inmovilizados en un plazo fijo tradicional bajo el concepto de reserva de liquidez.
La plata para prevenir inundaciones está en la timba financiera. Se trata de un total de $354.197 millones que corresponden al Fondo Hídrico:
— Silvina Vaccarezza (@SilVaccarezza) September 4, 2026
🔹 $303.370 Millones en Letras del Tesoro
🔹 $47,2 Millones en un Plazo Fijo
🔹 $50.779 Millones en Cuenta a la vista
Mientras Caputo y… pic.twitter.com/woQNGRzu9O
Frente a este cuadro, Vaccarezza contrapuso la inmovilización de capitales con la incertidumbre que atraviesan las comunidades rurales y urbanas frente a la amenaza de eventos meteorológicos severos ligados al fenómeno de El Niño:
"Los datos no son una opinión. Estamos hablando de $354.197 millones que, por ley, deberían estar destinados a obras hídricas y no están cumpliendo con ese objetivo. Mientras esos recursos permanecen en la timba financiera, los productores miran al cielo preocupados por las lluvias, los caminos rurales necesitan obras y nuestros pueblos siguen esperando infraestructura", fustigó la legisladora.
La representante bonaerense apuntó contra la política conducida por el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, acusándolo de postergar el desarrollo productivo en función de la ingeniería financiera de la Casa Rosada.
"Lo dijimos desde el primer día: la prioridad del ministro Caputo nunca fue la producción ni la inversión productiva. El único programa económico es el de la especulación financiera", sostuvo Vaccarezza. Asimismo, confirmó que insistirá desde la Cámara Baja para que los recursos sean liberados e invertidos de forma inmediata en las cuencas productivas de la provincia.
La situación de las obras financiadas por el fondo también genera preocupación. Según los datos incluidos en el relevamiento, desde 2023 se iniciaron 24 obras hídricas de magnitud bajo este esquema a nivel federal.
De ese universo, 15 fueron canceladas o suspendidas, ocho permanecen en ejecución y solamente una fue finalizada.
La proporción muestra la magnitud del problema.
No se trata únicamente de nuevas obras que podrían comenzar en el futuro. También están en juego proyectos que ya fueron anunciados,
iniciados o planificados y que quedaron sometidos a un escenario de incertidumbre financiera.
En una provincia como Buenos Aires, donde buena parte de su producción agropecuaria se desarrolla en zonas expuestas a excedentes hídricos, el retraso de las obras tiene una consecuencia directa sobre la economía real.
El agua no reconoce límites administrativos ni calendarios presupuestarios.
Cuando los sistemas de drenaje resultan insuficientes, cuando un cauce necesita ser intervenido o cuando un terraplén requiere mantenimiento, la falta de inversión termina trasladándose al productor, al municipio y, finalmente, al conjunto de la sociedad.
El Río Salado, una obra estratégica que sigue reclamando recursos.
Uno de los ejemplos más significativos es el Plan Maestro Integral del Río Salado, una de las obras hidráulicas de mayor importancia para el interior bonaerense.
Su objetivo excede la prevención de inundaciones: también está vinculado directamente con la recuperación y protección de tierras productivas.
En el material difundido se señala que el Tramo V, de aproximadamente 60 kilómetros entre Bragado y la laguna Rocha, permitirá avanzar sobre una zona de enorme importancia para la producción agropecuaria.
La falta de financiamiento nacional obligó a la Provincia a buscar alternativas para garantizar su continuidad, recurriendo a recursos propios
del Tesoro bonaerense y al financiamiento del Banco Europeo de Inversiones.
Es decir, frente al repliegue del Estado nacional, la administración bonaerense debió asumir una responsabilidad financiera que originalmente estaba vinculada al esquema de infraestructura federal.
La situación plantea una paradoja difícil de explicar para los productores del interior.
Mientras existen cientos de miles de millones de pesos vinculados al Fondo Hídrico que permanecen dentro del circuito financiero, la Provincia debe buscar otras fuentes de financiamiento para sostener obras cuya finalidad es precisamente evitar que el agua termine afectando la producción.
El problema tampoco se limita al Río Salado. En Pergamino, la obra de regulación del arroyo constituye desde hace años
uno de los reclamos centrales frente al riesgo de inundaciones.
La infraestructura proyectada tiene como finalidad disminuir el impacto de las crecidas sobre la ciudad y su población.
Frente a la falta de acompañamiento financiero nacional, la Provincia confirmó la decisión de avanzar con recursos propios.
A esto se suman las tareas de emergencia que deben afrontar municipios del noroeste y centro bonaerense ante los excedentes hídricos: limpieza de cauces y canales, mantenimiento de terraplenes y otras intervenciones que muchas veces funcionan como respuesta inmediata frente a una problemática que requiere soluciones estructurales.
Son obras menos visibles que una gran represa o un canal principal, pero indispensables para evitar que una lluvia intensa termine convirtiéndose en un desastre.
La discusión sobre el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica no debería reducirse a una pelea entre Nación y Provincia.
El verdadero problema aparece cuando se observa qué sucede en el territorio. Un productor que no puede sacar su cosecha por un camino rural anegado no encuentra una solución en una colocación financiera.
Una localidad que se inunda no puede resolver el problema con una LECAP. Un campo que permanece bajo el agua durante semanas no recupera su capacidad productiva porque el Estado haya preservado el equilibrio de
una cuenta fiscal.
La infraestructura hídrica es una inversión de largo plazo y, en una provincia eminentemente productiva como Buenos Aires, también
constituye una herramienta de defensa de la producción.
Cada peso que no se destina a una obra necesaria puede terminar multiplicando los costos cuando llega una emergencia.
Los municipios deben intervenir con recursos propios. La Provincia debe reforzar partidas. Los productores deben afrontar pérdidas.
Y las familias que viven en zonas vulnerables vuelven a enfrentar el temor de perder sus bienes. Por eso la discusión sobre el destino de estos fondos adquiere una dimensión política que excede las cifras.
El escenario climático agrega otro elemento a la discusión. La preocupación por la evolución del fenómeno de El Niño y por la
posibilidad de períodos de lluvias intensas vuelve todavía más importante contar con infraestructura preparada para absorber excedentes hídricos.
Las obras hidráulicas no pueden comenzar cuando llega la inundación. Su planificación, financiamiento y ejecución requieren años.
De allí que la acumulación de recursos financieros mientras permanecen pendientes obras estratégicas constituya uno de los principales puntos de cuestionamiento planteados por la legisladora bonaerense. La pregunta no es solamente cuánto dinero tiene el fondo.
La pregunta central es cuánto tiempo más deberán esperar las obras que podrían evitar pérdidas millonarias cuando los recursos para financiarlas ya existen.
El reclamo de Vaccarezza se inscribe además en una discusión política que posteriormente fue incorporada por el gobernador Axel Kicillof a sus cuestionamientos contra la administración de Javier Milei.
Desde la Provincia se viene denunciando la retención y falta de ejecución de recursos nacionales destinados a obras de infraestructura, incluyendo fondos vinculados con la cuestión hídrica.
El gobernador bonaerense ha utilizado cifras superiores a los $290.000 millones para cuestionar la falta de ejecución de recursos que considera necesarios para obras de prevención y mitigación de inundaciones.
Pero antes de que el tema adquiriera mayor dimensión dentro del enfrentamiento político entre la Casa Rosada y la Gobernación, la diputada Vaccarezza había decidido avanzar por una vía institucional concreta: pedir información oficial para determinar qué estaba ocurriendo con el Fondo Hídrico.
Y allí aparece uno de los aspectos centrales de esta historia. La denuncia no surge solamente de una declaración política. Surge de una búsqueda de información sobre el destino de recursos públicos.