Una investigación interna de la Armada Argentina derivó en una denuncia penal ante los tribunales federales de Comodoro Py para desarticular una red de corrupción en la liquidación de haberes. El esquema delictivo, que funcionó de forma sistemática entre julio de 2022 y enero de 2026, provocó un desvío de fondos públicos estimado entre los $1.000 millones y $1.600 millones mediante 645 acreditaciones salariales indebidas, viáticos ficticios al exterior y cobro de "suplementos con retornos".
La causa se tramita en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, con la intervención del fiscal Ramiro González.
El caso salió a la luz cuando una teniente de fragata y contadora pública se negó a percibir un suplemento salarial irregular del cual debía "devolver" el 50% en efectivo a sus superiores. Pese a las presiones recibidas, la oficial rechazó el mecanismo y elevó la denuncia a las autoridades de la fuerza.
Tras la apertura del sumario administrativo, el principal imputado, el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff (exjefe del Departamento Revista), asumió la responsabilidad de la maniobra antes de ser relevado preventivamente:
"Yo decidía las operaciones, los beneficios y los importes. Nadie participaba en las decisiones", confesó el oficial durante la investigación interna.
Para evitar los controles del sistema automatizado Haberes-Web, la red ejecutaba una alteración en dos pasos antes y después de cada acreditación:
Alteración previa: Se modificaban los archivos de transferencias masivas instantes antes de enviarlos al Banco de la Nación Argentina, inflando sumas o agregando destinatarios.
Restauración posterior: Una vez procesados los giros, los registros digitales internos se restauraban a sus valores originales para que las inconsistencias no figuraran en los recibos ni en las auditorías de rutina.
Cobros irregulares: El sistema incluía a personal militar dado de baja o retirado, liquidación de viáticos en dólares por viajes al exterior ya concluidos y transferencias a personas ajenas a la fuerza.
La investigación judicial alcanza inicialmente a 23 personas —entre oficiales, civiles y cuatro particulares sin vínculo con la institución—, aunque la Justicia prevé que la cifra podría ampliarse a 50 imputados tras los peritajes informáticos.
Entre los externos resalta la esposa de Atanasoff, quien percibió cerca de $152 millones en su cuenta bancaria personal. Del piso mínimo probado de $981 millones, la fuerza ya logró la restitución preventiva de $42,5 millones por parte de involucrados que buscan atenuar su situación penal, mientras la conducción del almirante Juan Carlos Romay y el Ministerio de Defensa ratificaron la política de tolerancia cero.