La Justicia frenó el aumento de luz en la provincia de Buenos Aires

La Justicia bonaerense dictó una resolución clave para los usuarios del servicio eléctrico. A partir de una cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca dispuso suspender el aumento de la tarifa de luz y ordenó retrotraer los valores al cuadro tarifario anterior.

La medida cautelar frena de manera directa los incrementos aplicados por las cuatro grandes distribuidoras con concesión provincial: EDELAP, EDES, EDEA y EDEN. La resolución judicial establece de manera taxativa que las prestatarias deberán abstenerse de trasladar nuevos aumentos a las facturas si no se convocan previamente las audiencias públicas correspondientes para debatir los costos del servicio de forma transparente.

Tras una presentación que hicimos desde @defensoriaPBA la Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia.

Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente.

— Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 18, 2026

Devolución de montos cobrados y derechos del consumidor

El dictamen judicial fijó además un mecanismo de compensación económica directo para aquellos usuarios a los que ya se les haya facturado bajo los nuevos cuadros tarifarios suspendidos:

• Saldo a favor: Las sumas cobradas de forma indebida deberán imputarse como crédito a favor del usuario en la próxima factura.

• Requisito obligatorio: Las empresas distribuidoras no podrán ajustar los cuadros tarifarios sin convocar previamente a instancias formales de participación ciudadana.

• Garantía constitucional: La decisión busca resguardar el derecho de los consumidores a una información adecuada, transparente y oportuna.

Tras la confirmación de la cautelar, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, remarcó la ilegalidad del incremento aplicado: “Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente con la sociedad”.