Iglesia porteña y el megaoperativo en villas de CABA: la alerta que encendió la misa

El megaoperativo de seguridad realizado esta semana en distintos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires generó preocupación en sectores de la Iglesia porteña, especialmente por la magnitud del despliegue y por el momento en que se llevó adelante.

El procedimiento, denominado “Tormenta Negra”, se realizó el jueves por la tarde y reunió a más de 1.500 policías y agentes de distintas áreas del Gobierno porteño en 15 villas y barrios populares. Según informó la Ciudad, hubo 17 detenidos y 192 vehículos secuestrados.

El operativo alcanzó a las villas 31, 21-24, La Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Barrio Mitre, 15 —Ciudad Oculta—, 20 —Villa Lugano—, INTA, Bermejo, Padre Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.

Durante el despliegue se realizaron controles de personas y vehículos, además de inspecciones en locales comerciales y construcciones. También se retiraron autos abandonados, basura y chatarra de calles y veredas.

La preocupación de los curas villeros

Desde sectores de la Iglesia porteña llamó especialmente la atención que el operativo se concretara dos días después de una misa realizada en Plaza Constitución, donde sacerdotes que trabajan en villas y barrios populares habían puesto el foco en la trata de personas, la exclusión y las condiciones de vida en esos territorios.

La celebración estuvo encabezada por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva.

Durante la misa, Cannavó hizo un llamado a reivindicar el trabajo digno y planteó la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En ese contexto, los sacerdotes de villas y barrios populares difundieron un pronunciamiento en el que remarcaron que los vecinos quieren respetar las normas y vivir en barrios ordenados, pero reclamaron que el Estado también atienda las problemáticas estructurales.

Entre ellas mencionaron la falta de integración sociourbana, la economía informal, la precarización laboral, el endeudamiento familiar y las dificultades vinculadas con el acceso a la vivienda, la infraestructura, la electricidad, las cloacas y los desagües.

También plantearon la necesidad de mejorar la comunicación entre el Estado y los vecinos, y señalaron que las escuelas, centros de salud, comedores, capillas y organizaciones barriales pueden cumplir un rol importante para fortalecer ese vínculo.

Qué dijo el Gobierno porteño

Desde la administración de Jorge Macri defendieron el operativo y explicaron que el objetivo fue “reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público”.

El Gobierno porteño señaló además que durante el procedimiento se inspeccionaron comercios, corralones y otros establecimientos, y que se realizaron controles vinculados con vehículos y personas.

Según el balance oficial, de los 17 detenidos, 11 fueron por comercialización de estupefacientes, tres por tenencia de estupefacientes, dos por tentativa de robo y uno por tener un pedido de captura.

La discusión quedó así planteada entre el reclamo de sectores de la Iglesia por una mayor atención a las condiciones sociales y la postura del Gobierno porteño, que sostiene que los operativos forman parte de su estrategia de seguridad y ordenamiento en los barrios populares.