La Cámara de Diputados bonaerense rechazó la denuncia de la Justicia por el archivo de pruebas

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires emitió un documento institucional para rechazar la denuncia presentada el pasado 25 de septiembre por el juez de Garantías Guillermo Atencio. Desde la conducción del cuerpo negaron de forma categórica haber incurrido en un ocultamiento de pruebas y defendieron la validez del archivo de expedientes administrativos.

La publicación oficial llevó la firma de las autoridades de la Cámara y de los presidentes de todos los bloques con representación parlamentaria, a excepción del bloque PTS - Frente de Izquierda (FIT).

"De ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece a disposición de quien quiera verlo", remarcaron en el comunicado.

Diferenciación con la investigación a Rigau y colaboración judicial

Uno de los ejes centrales del descargo legislativo estuvo enfocado en desestimar las acusaciones de encubrimiento relacionadas con la causa de las tarjetas de la Legislatura:

• Distinción de expedientes: Aclararon que la resolución administrativa de archivo correspondía a las actuaciones vinculadas a María Eugenia Rodríguez (por hurto) y no a la causa principal contra Julio "Chocolate" Rigau por defraudación a la administración pública y asociación ilícita.

• Aportes a la causa "Chocolate": Enfatizaron que en el expediente contra Rigau la Cámara remitió toda la documentación requerida, permitiendo que la investigación avanzara, fuera elevada a juicio oral y cuente con personas privadas de su libertad.

Inmunidad parlamentaria y respeto a la división de poderes

El documento legislativo respaldó el proceder de los diputados basándose en los fueros e inmunidades que establece la normativa provincial:

1. Protección constitucional: Recordaron que el artículo 96 de la Constitución de la Provincia de Buenos Airesampara las opiniones y votos emitidos por los legisladores en ejercicio de sus funciones. Calificaron como "inadmisible" pretender perseguir penalmente a los diputados por una resolución aprobada por dos tercios del cuerpo el 28 de mayo de 2026, tres meses antes de la solicitud judicial (ingresada el 19 de agosto).

2. Uso abusivo de facultades: Advirtieron que el principio de división de poderes no permite el empleo "abusivo" de atribuciones de un poder para condicionar o interferir en la autonomía y el funcionamiento del Poder Legislativo.