Más de un millón de personas dejaron su prepaga u obra social y cruje el sistema de salud

El sistema de salud argentino atraviesa una fuerte presión sobre sus distintos actores. Las dificultades de financiamiento de los prestadores, los cambios en los mecanismos de pago, el aumento de la demanda sobre el sector público y el deterioro de los valores de las prestaciones forman un escenario que impacta tanto en las instituciones como en el acceso de los pacientes a la atención.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación entre los prestadores fue el cambio implementado por PAMI, que pasó de un esquema de pago por prestaciones a un sistema de cápita, acompañado por descuentos sobre facturaciones anteriores. De acuerdo con los prestadores, esto se tradujo en una reducción significativa de los ingresos percibidos durante septiembre respecto de agosto, con disminuciones que oscilaron entre el 20 y el 50 por ciento.

El sistema de pago por prestación remunera cada acto médico realizado, mientras que el modelo capitado asigna un monto determinado por un conjunto de afiliados. Ambos mecanismos presentan desafíos: mientras el primero puede generar incentivos a una mayor cantidad de prácticas, un esquema capitado con recursos insuficientes puede limitar la disponibilidad de atención.

“Las cápitas fueron distribuidas de forma discrecional y sin previo aviso a prestadores y afiliados, así que para mediados de mes ya los cupos de atención se habían acabado”, señaló Omar López Mato, miembro de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF), quien advirtió sobre el impacto que este tipo de modificaciones puede tener sobre la capacidad efectiva de atención.

Más demanda sobre el sistema público

La presión también se observa en la relación entre los sectores público y privado. Según el Instituto Argentina Grande (IAE ) durante el último año 1,2 millones de personas abandonaron su prepaga u obra social y migraron hacia el sistema público, incrementando la demanda sobre hospitales y centros asistenciales estatales. 

Esta transferencia de pacientes ocurre en un contexto en el que numerosas instituciones públicas ya enfrentan dificultades de infraestructura, disponibilidad de camas, insumos y recursos humanos. Hospitales de referencia como el Hospital de Clínicas y el Hospital Garrahan están atravesando situaciones vinculadas con la provisión de insumos y el financiamiento, mientras que las guardias y servicios de alta complejidad reciben una demanda creciente.

La situación genera un efecto de presión cruzada: mientras una parte de la población se desplaza hacia el sector público por dificultades para sostener una cobertura privada, los prestadores privados también enfrentan un deterioro de sus condiciones económicas.

Prestadores privados: costos en aumento e ingresos rezagados

Clínicas, sanatorios y consultorios vienen enfrentando una brecha entre la evolución de sus costos y la actualización de los valores que reciben por las prestaciones.

De acuerdo con el análisis realizado por la CAMEOF y la Unión Argentina de Salud (UAS) durante el último año las actualizaciones de los valores prestacionales se ubican significativamente por debajo de la inflación, profundizando una diferencia que se viene acumulando desde hace varios años.

El problema excede a las instituciones. La cadena de salud incluye profesionales, centros ambulatorios, clínicas, sanatorios, proveedores de medicamentos e insumos y empresas de servicios, por lo que las dificultades financieras de uno de los eslabones pueden trasladarse rápidamente al resto del sistema.

En este contexto, uno de los principales interrogantes para los prestadores pasó a ser la previsibilidad de los pagos y la posibilidad de planificar presupuestos en un escenario de ingresos inciertos.

“El sistema privado no está en mejores condiciones: los valores de los prestadores —clínicas, consultorios, etcétera— han sufrido un notable deterioro, con actualizaciones por debajo de la inflación”, sostuvo López Mato.

Una deuda que profundiza la incertidumbre

A las dificultades de flujo de fondos se suma la situación financiera de PAMI. Según los datos relevados para este informe, el organismo mantiene una deuda de aproximadamente $ 500.000 millones con sus prestadores.

Al mismo tiempo, la transferencia financiera del Estado hacia PAMI habría registrado una caída cercana al 30 % interanual, mientras que los ingresos del organismo dependen principalmente de los giros del Tesoro.

Para los prestadores, la combinación entre deuda acumulada, cambios en los mecanismos de pago y falta de previsibilidad presupuestaria genera dificultades para sostener la estructura de atención.

El impacto puede extenderse a distintas áreas de la atención médica, entre ellas oncología, terapia intensiva y salud mental, sectores que requieren altos niveles de inversión y continuidad asistencial.

La discusión sobre la sustentabilidad del sistema  no se limita a cuánto dinero se destina a salud, sino también a cuánto de esos recursos llega efectivamente a la atención médica y cómo se distribuye a lo largo de la cadena.

El desafío de sostener el acceso

En la situación actual el desafío consiste en evitar que las restricciones financieras terminen trasladándose a la disponibilidad de turnos, la continuidad de tratamientos, la capacidad de las instituciones y, en última instancia, al acceso de los pacientes.

En un sistema caracterizado por una fuerte interdependencia entre el sector público, las obras sociales, las prepagas, PAMI y los prestadores privados, las dificultades de financiamiento de un actor terminan teniendo impacto sobre el conjunto.

La discusión sobre cómo financiar y organizar el sistema de salud vuelve así a ocupar un lugar central: no solo por su impacto económico sobre clínicas, sanatorios y profesionales, sino por sus consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta frente a enfermedades estacionales, patologías crónicas, emergencias y una demanda asistencial cada vez más compleja.