Intimaron al ministro Gabriel Katopodis a suspender el cobro de peaje en la Ruta 6

A días de implementado el cobro de peaje en la Ruta provincial N° 6, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) hizo una presentación administrativa ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, donde se intima a suspender en forma inmediata el cobro de peaje en el corredor vial en cuestión.

La presentación fue efectuada por el director ejecutivo del CONADUV, Jorge Zatloukal, con el patrocinio de la abogada Julieta Ripoli, responsable legal de la entidad. La presentación plantea la inmediata abstención del cobro de peaje en dicha autovía y la suspensión de los efectos de las recientes Resoluciones 475 y 767, y revisar las actualizaciones trimestrales por falta de justificación suficiente y de control ciudadano efectivo respecto a la recomposición adicional del 23,81 % y el mecanismo de actualización trimestral automático, aplicable a las estaciones de peaje de San Vicente, Las Heras y Cardales.

En la presentación, sostienen que no hay un Ente Regulador independiente, como exige el artículo 42 de la Constitución Nacional, y que el Estado provincial está “de los dos lados del mostrador”: la provincia de Buenos Aires concede la explotación vial, aprueba las tarifas y debe fiscalizar el servicio; al mismo tiempo, controla a la concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.), la empresa que percibe los peajes y se beneficia con los incrementos autorizados.

Esa “superposición de funciones” constituye uno de los ejes de las presentaciones realizadas ante el Ministerio de Infraestructura conducido por Gabriel Katopodis.

Zatloukal se remitió a un fallo de 2017 del entonces juez Contencioso Administrativo, Luis Arias, afirmando que “está vigente el fallo que ordenó a la empresa AUBASA a que se abstenga de cobrar tarifa alguna por peaje a los usuarios de la autovía Ruta provincial N° 6 sin expresa habilitación legislativa y audiencia pública previa”.

El planteo denuncia que los aumentos no cuentan con una justificación suficiente y verificable sobre costos reales, obras, mantenimiento y calidad del servicio. También se reclama conocer los aportes presupuestarios y comprobar que el peaje no vuelva a financiar gastos ya cubiertos con recursos públicos.

“¿Quién controla el aumento cuando quien lo autoriza también controla a quien lo cobra?”, se preguntó la abogada Ripoli. Y recalcó que “la impugnación exige una evaluación independiente de las propuestas de AUBASA y mayores garantías de transparencia, ética pública y rendición de cuentas. El interés financiero de la empresa no puede confundirse con el interés público ni desplazar la protección del usuario”.

Sostienen además que las presentaciones exigen explicar cómo se relacionan los ajustes con la evolución del IPC y los costos efectivos de la concesión, y evaluar su impacto frente al salario mínimo, los aumentos salariales y la canasta básica. Una fórmula de actualización no demuestra, por sí sola, que la tarifa sea razonable o económicamente accesible.

Por su parte, Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y coordinador del CONADUV enfatizó: “Esperamos no tener que recurrir a la justicia, confiando que tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, hagan lugar a nuestro reclamo dada la situación económica que es sumamente grave, y más estando frente a una triple imposición tributaria y no habiendo caminos alternativos libres de pago, lo cual hace que el peaje sea claramente inconstitucional”.

El peaje

A partir del 1 de octubre, la Autovía Provincial 6 “Antonio Cafiero” cuenta con un sistema de cobro electrónico sin cabinas ni barreras.

“A diferencia de un peaje tradicional, el sistema sin barreras (o free flow) no utiliza cabinas ni barreras. Los vehículos podrán continuar circulando mientras diferentes tecnologías identifican el paso, reconocen la patente y el dispositivo TelePASE y determinan automáticamente la categoría correspondiente”, informó AUBASA.