Un insólito y grave conflicto político paralizó el Concejo Deliberante de San Pedro. La concejal Paola Basso (bloque Nuevos Aires / UCR) denunció penalmente por violencia de género, hostigamiento y agresiones verbales a su par Martín Rivas (Consolidación Argentina), desencadenando una inédita resolución judicial para que ambos puedan seguir ejerciendo sus funciones.
La denuncia, radicada en la Comisaría de la Mujer, detalla amedrentamientos y agresiones sistemáticas durante las reuniones de comisión. Ante la presentación, el Juzgado de Paz de San Pedro dictó una orden de restricción de 200 metros fuera del ámbito laboral, pero dispuso una llamativa excepción para el recinto legislativo: una distancia de exclusión que se fijó originalmente en 5 metros y luego se redujo a solo 3 metros.
Para dar cumplimiento a la medida judicial y evitar que los ediles queden cara a cara en el recinto, la presidencia del Concejo Deliberante debió modificar el esquema del cuerpo y trasladar a Basso a una nueva banca.
A pesar de la reorganización, la tensión lejos de cesar se profundizó. En las sesiones posteriores, la concejala opositora acusó formalmente a Rivas de incumplir la distancia mínima obligatoria dentro del establecimiento.
Por su parte, Rivas hizo público un comunicado en el que rechazó "totalmente" haber ejercido violencia de género o física, argumentando que los cruces se trataron exclusivamente de "discusiones políticas, legislativas y de funcionamiento del Concejo".