La Justicia amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo por corrupción en la ANDIS

El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en una causa por presunta corrupción en el organismo.

En este tema puntual, la investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica.

En concreto, la Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.

De acuerdo a lo reseñado por TN, este nuevo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $ 75,5 millones y alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.

El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Los insumos eran destinados a personas que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.

Las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.

Cabe consignar que la investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de empresas proveedoras de insumos médicos.

De acuerdo a la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa.

Además, el juez dictó la falta de mérito para otras 11 personas y ordenó profundizar la investigación sobre su posible participación.

La Justicia analiza posibles delitos como asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y, en algunos casos, lavado de activos agravado.