Impuesto al ganado: piden eximir del IVA a las caravanas electrónicas obligatorias en PBA

El sector agropecuario de la Provincia de Buenos Aires sumó un nuevo frente de discusión legislativa en torno a los costos de producción y las exigencias sanitarias. En medio de la obligatoriedad del sistema de identificación animal, la diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para eximir del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las caravanas electrónicas destinadas al ganado.

La iniciativa busca equiparar la carga impositiva de estos dispositivos tecnológicos con el beneficio fiscal que actualmente rige para la vacuna contra la Fiebre Aftosa, amparándose en los lineamientos de la Ley Nacional N° 24.305. Para avanzar en este sentido, el texto insta al Poder Ejecutivo provincial —a través del Ministerio de Desarrollo Agrario— a realizar gestiones ante el SENASA y distintos organismos nacionales.

La carga económica de la identificación electrónica

El reclamo legislativo se ancla en la normativa nacional que estableció la obligatoriedad del sistema de identificación electrónica individual para el ganado bovino, bubalino y cérvido, una medida que comenzó a regir de forma formal y que exige la colocación de dispositivos oficiales —especialmente en terneros y terneras al momento del destete o antes del primer movimiento—.

Al respecto, la legisladora autora de la iniciativa advirtió sobre el impacto financiero que recae sobre los establecimientos agropecuarios:

"Si la identificación electrónica es parte de las exigencias para el sector ganadero, tenemos que discutir cómo evitar que su implementación se transforme en una nueva carga económica. La sanidad animal es fundamental, pero también lo es que el productor pueda cumplir con las normas sin que eso implique seguir incrementando sus costos", señaló Vaccarezza.

Sostenibilidad y sanidad animal en debate

#CambioClimático 🌧️🐄 El Niño: en apenas dos meses trasladaron 147.500 animales de las regiones afectadas El avance de las crecidas de los ríos asociadas al fenómeno de El Niño obligó a intensificar la evacuación de hacienda en distintas provincias. Desde agosto, el SENASA registró el traslado de 147.500 bovinos y bubalinos desde zonas anegadas para preservar la sanidad y el bienestar de los rodeos. 📌 Los movimientos se concentraron en Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y la zona de islas de Buenos Aires. 📌 La cantidad de animales trasladados aumentó un 102 % respecto del mismo período de 2025. 📌 Para movilizar las 147.500 cabezas fueron necesarios 7.448 traslados, formalizados mediante el Documento de Tránsito electrónico (DT-e). 📌 El SENASA agilizó trámites y dispuso medidas excepcionales para facilitar las evacuaciones frente a la emergencia hídrica. 📋 El organismo recomienda anticipar los movimientos entre 24 y 48 horas antes de la llegada del agua, identificar previamente potreros altos o sectores seguros y contar con reservas suficientes de alimento y agua potable. También aconseja realizar los arreos en grupos reducidos para disminuir el estrés de los animales. 🌊💦 Las cifras difundidas corresponden a un balance parcial y se espera que la cantidad de movimientos continúe creciendo de acuerdo con la evolución de las inundaciones. 🐮🐑 Si la evacuación resulta imposible, la recomendación es abrir tranqueras y alambrados internos para permitir que la hacienda pueda desplazarse hacia terrenos más elevados. 👉 https://t.co/Ac6lky8sRl 💬 ¿Qué medidas deberían reforzarse para reducir el impacto de las inundaciones sobre la producción ganadera? #ElNiño #Ganaderia #SENASA #Campo #ANDigital

— ANDigital (@ANDigitalOK) October 29, 2026

Desde el espacio impulsor del proyecto remarcaron que aliviar el peso fiscal sobre herramientas que son de uso obligatorio no solo busca resguardar la sostenibilidad económica de los productores ganaderos bonaerenses, sino también blindar el sistema institucional de trazabilidad y sanidad animal.

Con esta movida parlamentaria, el arco agropecuario busca evitar que la tecnología obligatoria se convierta en un obstáculo financiero para el normal desarrollo de la actividad en el territorio provincial.