Piedrazos y robos en autopistas: impulsan proyecto para frenar ataques vandálicos

La creciente preocupación por la inseguridad en los corredores viales de la Provincia sumó este viernes una nueva respuesta legislativa. El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ley destinado a reforzar la seguridad en rutas y autopistas, exigiendo infraestructura obligatoria para frenar los robos, los ataques con piedras desde puentes y el ingreso irregular a las calzadas.

La iniciativa, impulsada por los legisladores Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lordén, propone modificar de manera estructural la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad provincial para obligar al Estado y a las empresas a blindar las zonas de mayor riesgo del territorio bonaerense.

Mapa de Tramos Críticos y obras obligatorias

El eje vertebral del proyecto es la creación de un Mapa de Tramos Críticos, que deberá elaborarse y actualizarse de forma periódica mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Seguridad y las empresas concesionarias. Este registro oficial identificará de manera pública las "zonas calientes" con antecedentes de asaltos de motochorros, agresiones con proyectiles o ingresos ilegales a la traza.

Una vez catalogado un tramo como crítico, la normativa exigirá la instalación inmediata de un paquete de seguridad e infraestructura indivisible:

• Mallas y pantallas de contención en puentes y pasarelas peatonales para evitar piedrazos.

• Cercos perimetrales en los laterales de las trazas.

• Sistemas de iluminación adecuados.

• Cámaras de monitoreo integradas directamente a los centros de control policial.

Asimismo, la iniciativa contempla un artículo estrictamente preventivo para los periodos de obras: las constructoras tendrán prohibido dejar sectores desprotegidos. Si una obra requiere remover un cerco perimetral, la empresa estará obligada a colocar una protección provisoria equivalente de forma instantánea.

El antecedente de la Autopista Buenos Aires-La Plata y el bolsillo de los usuarios

Para fundamentar la urgencia de la medida, los legisladores radicales tomaron como antecedente directo lo ocurrido en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del barrio El Monte en Quilmes. En ese sector, los trabajos de construcción del cuarto carril implicaron la remoción de vallas protectoras, lo que dejó la traza expuesta a accesos no autorizados y derivó en una serie de graves ataques con proyectiles contra los automovilistas.

"Buscamos que una mejora necesaria en la infraestructura vial no se convierta en una oportunidad para el delito. Es indispensable que el Estado prevenga estos riesgos en lugar de actuar cuando las consecuencias ya son irreparables", advirtieron los diputados en los fundamentos del texto parlamentario.

Por otra parte, el proyecto incluye dos aspectos clave para su viabilidad:

1. Sanciones severas: Se propone reemplazar una multa desactualizada que data de 1977 por penalidades económicas indexadas en Unidades Fijas (el mismo parámetro que rige para las infracciones de tránsito) destinadas a castigar a las constructoras que incumplan las normas de seguridad.

2. Cero impacto en los peajes: La iniciativa aclara explícitamente que los costos de estas obras de protección deberán ser cubiertos por el Estado provincial a través de Rentas Generales, prohibiendo expresamente cualquier tipo de traslado de estos costos a las tarifas que pagan los usuarios.