Grave denuncia al Gobierno de Kicillof: Trabajadora acusa “saña y persecución ideológica”

Gabriela Álvarez Santos atraviesa horas críticas en cuanto a su situación personal y laboral, en un contexto ya de por sí apremiante por la crisis de ingresos que golpea a toda la clase trabajadora argentina. Lo concreto es que esta madre soltera de dos hijos fue cesanteada sin aviso formal de la Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad, área dependiente de la Jefatura de Asesores del gobernador Axel Kicillof, y a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez por argumentos –no fundamentados– de carácter político.

La Dirección está a cargo de Jorge Piccoli, aunque el problema puntual radica en la figura de la directora de línea (de Relaciones con las Organizaciones), Cristina Heredia, quien –en un caso inédito– está exigiendo –y consiguiendo– que la agente sea desplazada de cuajo de la administración pública bonaerense, sin aceptar que se la traslade a otra dependencia, tal y como sugirió el gremio UPCN al intervenir en el caso.

“A un compañero nunca se lo deja sin trabajo”, reza una máxima peronista, aunque en los papeles esto no estaría sucediendo. Y, como para muestra basta un botón, esta situación se emparenta más con un Excel libertario que con el movimiento justicialista.

La militancia de Álvarez Santos en favor de Cristina Fernández de Kirchner, y no en pos del Movimiento Derecho al Futuro, nucleamiento liderado por el propio Kicillof, pareciera ser la “causal de despido”, lo cual echa por tierra el rol “componedor” tan declamado por el espacio que responde al mandatario bonaernse en cada uno de los actos que viene encabezando en el territorio en búsqueda de esa presunta unidad que lo catapulte al Sillón de Rivadavia.

“Hace casi 18 años que trabajo en la administración pública provincial, con muchísimos directores y en diversas áreas. Estoy a tres materias de recibirme de abogada, entonces hace años que vengo viendo que las organizaciones de la sociedad civil o las ONG padecen las problemáticas propias de estar al día con la documentación jurídica obligatoria que exige la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En el organismo donde yo trabajo, las organizaciones requieren tener el certificado para poder percibir cualquier beneficio de la provincia de Buenos Aires, sea subsidio o subvención”, introdujo Gabriela en diálogo con ANDigital.

“Llegaban al REPOC (Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad), se encontraban con que no tenían la documentación al día, no podían percibir ningún beneficio, ningún subsidio y, por ende, obviamente se da una afectación directa a la porción de población con la que trabajan; por ejemplo discapacidad o comedores comunitarios”, graficó luego.

Ante esta situación, la trabajadora dijo haber puesto su conocimiento para “asesorar organizaciones y estar apoyándolas en términos de documentación obligatoria para que estén al día, para que puedan funcionar y además tener una vida institucional sana”.

“Con todos los directores este esquema de asesoría siempre sirvió para allanar el camino, (La asesoría) no es un área como tal, jamás fui reconocida en ese sentido, no me dieron una coordinación, simplemente fue algo que puse a disposición”, aclaró.

Despido y “bloqueo”

En el 2024 asumió la gestión de Cristina Álvarez Rodríguez y, con ella, llegaron Jorge Piccoli, quien fuera Defensor del Pueblo de Ituzaingó, y también la nombrada Cristina Heredia, exconcejal de Tres de Febrero.

“El problema es directamente con ella y considero que tiene algo que ver con las decisiones políticas. Yo soy militante y creyente de que Cristina Kirchner es totalmente inocente, y tengo mi visión sobre eso, y siempre hubo una distancia ideológica con ambos directores”, contrastó.

Y agregó: “Yo seguí trabajando normalmente y, cuando voy a cobrar mi sueldo el martes 4 de noviembre, me encuentro con que no había nada. Obviamente llamo a Heredia, no me contesta, entonces empiezo a llamar a (la Dirección de) Personal y a las áreas de Gobierno que corresponden. Logro comunicarme con Legajos y allí me dicen que me habían dado la baja el 17 de septiembre, todo mientras yo seguía trabajando”.

“Cuando ella (Heredia) me contesta el mensaje, lo hace con absoiluita frialdad enviándome el número de expediente, y diciéndome que es un tema que ya no le competía; acto seguido, me bloqueó de WhatsApp”, reveló la trabajadora.

Infructuosa intervención sindical

Fue así que decidió acudir a UPCN, gremio desde donde intervinieron y lograron una reunión con Jorge Piccoli. En criollo, el funcionario “se lavó las manos” y si bien dijo estar de acuerdo en un traslado de la agente a otra dependencia estatal, también aseguró que se sostenía en la decisión que tomara Cristina Heredia.

“Ni siquiera quieren darme la posibilidad de que me puedan llamar de otro Ministerio. Entonces, lo que lo que queda de todo esto es la saña política, la bronca personal de ni siquiera dejarme en disponibilidad, siendo que estábamos en un organismo ‘fantasma’, ya que hay siete empleados para una tarea que es carga de datos, y la carga de datos hoy en el REPOC es virtual; o sea, cualquier organización de la sociedad civil de la provincia de Buenos Aires puede cargar sus propios datos online”, advierte.

“El asesoramiento jurídico, que es lo que yo hacía, es lo único que realmente le daba vida a la Dirección de Cristina Heredia, porque en rigor es fantasma”, insistió Gabriela, y trasladó la pregunta que le hicieron desde UPCN: “¿Hay algo personal y persecutorio con vos?”, para responderse: “Es persecución directa hacia mi persona”.

Sin precedentes

“No hay voluntad de resolverlo, es un ataque directo e ideológico”, resumió Álvarez Santos, y lamentó el “destrato, la poca cintura política y la falta de voluntad de dejarme trabajar en otro lugar”.

Acto seguido, puso de relieve que “no hay antecedentes de tal saña para con un trabajador en la administración pública y, sobre todo, por diferencias ideológicas, ya que tiene que ver con eso, no con otra cosa”.

Desempleo y angustia

“Me siento angustiada porque justamente no hubo una notificación. En el expediente aparece una notificación que dice ‘sin recepción’ y ellos aseguran que está pegada en la puerta de mi casa, cuando en realidad en la puerta de mi casa no había nada. Tampoco fui notificada por carta documento. Entonces, la baja fue el 17 de septiembre y yo me entero cuando voy a cobrar”, añadió Álvarez Santos.

En cuanto a su día a día, recalcó que “el perjuicio que me trae esto es no tener este mes mi salario y no poder pagar mis cuentas, mis cuestiones básicas, pero no sé qué me duele más, si haber perdido el trabajo después de tantos años, de tanto que le di a cada gestión, o la cuestión personal del destrato y esto de estar salpicándome y diciendo barbaridades sobre mí”, confesó.

“Es el hecho de que estén echando a una compañera de muchos años. Fui también consejera provincial de Juventud, trabajé en la Dirección Provincial de Juventud, fui secretaria de Actas de la Juventud Peronista de Berazategui; o sea, tengo un recorrido político, militante, peronista y me echan de semejante manera, y por un Gobierno que se dice peronista; evidentemente para ellos somos un número”, arremetió.

Finalmente, Álvarez Santos subrayó que “da muchísima angustia y bronca esta saña por diferencias ideológicas. Seguimos siendo compañeros, seguimos siendo peronistas y supongo que esto está pasando no solamente a mí, sino en un montón de lugares del ámbito provincial”, y advirtió: “Yo no sé si al gobernador Kicillof estas cosas le llegan, pero es un año electoral y traerá sus consecuencias”.