Política | 17 oct 2018
Congreso
La UCR presentó un proyecto para que todos los jueces paguen Ganancias
La intención es que la iniciativa se incorpore al Presupuesto 2019. El centenario partido pretende saldar “una discriminación arbitraria respecto de los demás ciudadanos” y echar por tierra “privilegios de un pequeño sector de la sociedad que lejos está de lograr la tan preciada equidad social y justicia”.
CAPITAL FEDERAL (ANDigital) La Unión Cívica Radical impulsa un proyecto de ley para que todos los jueces paguen el impuesto a las Ganancias, con miras a que la iniciativa se incorpore al Presupuesto 2019 y que se logre sustituir el Artículo 79, Inciso a, de la Ley Nacional 20.628, que hasta el momento exime del mencionado gravamen a los magistrados.
Ya presentamos en @DiputadosAR el proyecto de ley para que los jueces también paguen ganancias. Estamos convencidos de que es algo muy bueno para el Poder Judicial, ya que lo pone en un pie de igualdad con el resto de la sociedad. pic.twitter.com/7BTmhikCMF
— Luis Borsani (@LuisBorsani) 17 de octubre de 2018
De acuerdo a lo remarcado por el centenario partido, la AFIP se pierde de recaudar por la exención de ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provinciales el 0,06 por ciento del Producto Bruto Interno.
En 2016 fue de 4.607 millones de pesos; en 2017, unos 5.759 millones y en 2018, el total de 6.911 millones.
Desde el radicalismo argumentan que “nos encontramos en la actualidad con una notoria disparidad en cuanto a la carga fiscal de los ciudadanos reflejada en que parte de los funcionarios, magistrados y empleados señalados no tributan impuesto a las Ganancias sobre las rentas obtenidas por el trabajo personal, como sí lo hacen los demás trabajadores”.
También citan el concepto de “igualdad tributaria”, incluido como garantía que surge del artículo 16 de la Constitución Nacional, “norma que no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupos de personas o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo”.
“En los tiempos actuales, en el cual el país necesita de la colaboración de todos sus habitantes, especialmente de los miembros de los poderes del Estado, admitir esta excepción resulta avalar no sólo una discriminación arbitraria respecto de los demás ciudadanos sino convalidar privilegios de un pequeño sector de la sociedad que lejos está de lograr la tan preciada equidad social y justicia”, remató el Comité Nacional de la UCR. (ANDigital)