

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, expresó que el atentado a Cristina Fernández de Kirchner “buscó quebrar el pacto democrático” y estimó que en el juicio a los imputados como autores materiales “se va llegar a a una condena absoluta y a un esclarecimiento”.
“Es lo que todos vimos por televisión esa noche en vivo. Estaban todos los medios de comunicación. Entonces tenemos un intento de atentado, una tentativa de homicidio, de magnicidio filmada en vivo por todos los canales de televisión. Sería un nivel de escándalo superior, inimaginable que no se pueda arribar a un resultado certero”, explicó el funcionario en declaraciones a Infobae.
De todos modos, indicó que “el problema con esta investigación es que justamente la investigación se partió en la mitad. Se elevó este tramo a juicio con una muletilla que suele utilizar la Justicia federal de Comodoro Py para decir ‘esto que ya lo tengo resuelto lo elevo a juicio y seguiré investigando lo que falta’. Y la experiencia de la Justicia Federal argentina indica que lo que falta no lo terminan investigando nunca. Es muy fácil quedarse con lo que quedó filmado. Pero no se investigaron una cantidad de pistas de investigación que apuntaría más a ver si detrás de estos autores materiales había autores intelectuales”.
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Así las cosas, evaluó que “hay un trasfondo que es que la Justicia Federal de Comodoro Py, la que está a cargo de la investigación, hizo todo lo posible por no investigarlo. La causa está plagada de irregularidades desde el día 1: el teléfono del autor material que Sabag Montiel apareció roto con la cadena de custodia violada cuando estaba en poder de la jueza federal que está a cargo de la investigación”.
“Luego surgieron otras pistas que la jueza y el fiscal se encargaron permanentemente de boicotear y de no profundizar. Por ejemplo, un testigo empleado del Congreso escuchó antes del atentado a Gerardo Milman decir frente a dos secretarias ‘cuando la maten yo estaré camino a la costa’. Se pidieron las cámaras del lugar. Se comprobó que estaba el testigo, que estaba Milman con sus dos secretarias. Se comprobó que al otro día viajó a la costa y estuvo en la costa”, recordó.
Acto seguido, puso de relieve que “la jueza tardó meses en secuestrar los teléfonos de Gerardo Milman. Cuando le pidió que entregue los teléfonos ya era absolutamente público, lo cual conspira absolutamente con el resultado de la prueba. Milman entregó teléfonos borrados completamente en cero incluso, entre ellos, un teléfono de un modelo que salió dos meses después del atentado. No se vendía a la fecha del atentado y por eso decíamos que ni siquiera le molesta a la jueza dejarse tomar el pelo de esta manera”.
“En el mes mayo del 2023, una de esas dos secretarias de Milman se presentó a declarar ante el juzgado y dijo que en noviembre la habían llevado a las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich en la avenida de Mayo al 900, donde un perito informático durante cuatro horas se encargó de borrar los teléfonos de ella, de la otra secretaria y del propio Gerardo Milman en comunicación telefónica por un altavoz con un abogado de Patricia Bullrich. Eso a la jueza le pareció que no era importante investigarlo”, acotó Mena.
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Luego hizo foco en que “las agrupaciones que aparecen creadas meses antes del atentado a Cristina son las agrupaciones que, por ejemplo, tiraron las bolsas mortuorias en la reja de la Plaza Rosada, que tiraron antorchas de fuego contra la Casa Rosada, que apedrearon autos de ministros, diputados que llevaron una guillotina en una marcha previa previa al atentado”.
“La agrupación Revolución Federal recibió decenas de millones de pesos de financiamiento de la familia Caputo sin ningún motivo valedero para recibirlo. Todo cubierto con una supuesta operación comercial de carpintería de una persona que no era ni carpintero ni tenía una carpintería. Estaba empezando un emprendimiento en un taller de Boulogne estudiando por YouTube. La empresa Caputo hermanos informó que le compraron 300 piezas de mobiliario a una persona que no tenía experiencia”, graficó.
En tanto, manifestó que “lo que vemos es una actitud insistente por parte de la justicia de silenciar el hecho de no investigarlo y la elevación a juicio parcial de este tramo de la causa, es algo que ya es conocido, que se hace para satisfacer una respuesta y dejar de investigar el resto”.
“Estamos hablando ni más ni menos de un atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Más allá del impacto que tiene en frente al orden democrático, al pacto democrático que todos los argentinos y argentinas hicimos hace 40 años, el efecto ejemplificador es terrible. Habla de que evidentemente hay niveles de encubrimiento y de perversión en el sistema de poder de nuestro país que no registran límites”, alertó.
Finalmente, juzgó que “la respuesta de toda la política argentina dejó mucho que desear. Obviamente, salvando siempre honrosas excepciones, en términos generales tendría que haber tenido otra dimensión, porque no tengo dudas que está en juego el orden democrático”.