Ruralistas exigen prorrogar concesión del Puerto Quequén y piden que Kicillof no intervenga

El pasado miércoles 21 de agosto representantes de las 16 asociaciones rurales del Sudeste bonaerense se reunieron para discutir la situación del Puerto Quequén, ante la posibilidad de que el elevador principal del puerto suspenda sus operaciones a partir de septiembre, que contó con la presencia de Ignacio Kovarsky, flamante presidente de CARBAP, y uno de los puntos clave fue el análisis del pliego propuesto por el gobernador Axel Kicillof, que sugiere una “reserva del 30 %” en el uso del elevador principal y establece prioridades para el Consorcio que gestiona el puerto.

Los participantes de la reunión discutieron las implicaciones de esta propuesta y su posible impacto en la cadena de comercialización de granos, y si bien los dirigentes reconocieron problemas relacionados con la transparencia de precios y los costos portuarios, expresaron que una mayor intervención provincial podría resultar “contraproducente”.

Argumentaron que, en lugar de imponer restricciones, se debería permitir que todos los exportadores tengan acceso al servicio del elevador para proteger a los pequeños productores.

Como resultado del encuentro, se acordó que la prórroga de la concesión actual del Puerto sería la mejor medida para evitar la inactividad del elevador durante la cosecha fina. Además, se solicitó la revisión y modificación del pliego en cuestión para alcanzar un consenso entre las partes involucradas en el Consorcio.

“La resolución de estos temas es esencial para garantizar la estabilidad de las operaciones en el Puerto Quequén y el funcionamiento adecuado del mercado granario en la región”, afirmó el presidente de CARBAP.

Por otra parte, y consultada por ANDigital, la diputada provincial Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal) precisó que “en noviembre finaliza la concesión del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén”, y alertó “sobre declaraciones que habría vertido durante este mes una funcionaria de Kicillof”, que el gobernador provincial y algunos de sus emisarios negaron rotundamente.

Según Vaccarezza, el gobernador pretendería que la provincia de Buenos Aires mediara en la compra del 30 % de los granos que se acopian en Puerto Quequén, con la intención de crear una empresa provincial con fines de comercialización.

La legisladora se preguntó: “¿El gobernador tiene los recursos para destinar a esa idea?”, y “si los tiene, ya que este sector productivo funciona bien, ¿por qué no los destina a organismos provinciales que no están funcionando, como es el caso del IOMA?”.

“Estas son cosas que me preocupan, que dan incertidumbre”, aseveró Vaccarezza, y disparó: “Esto es típico en este gobierno de Kicillof, la falta de previsión. Se intenta volver a lo que fue en su momento una especie o parecido a una Junta Provincial de Granos”.

Y concluyó: “Volver a ese instrumento, que no fue bueno para el sector, volver a esas prácticas que son más bien distorsivas y no tienen fundamento técnico, no tiene razón de ser”.

Las entidades reunidas en Necochea fueron: Sociedad Rural de Ayacucho, Sociedad Rural de Mar Chiquita, Sociedad Rural de General Guido, Asociación Rural de General Madariaga, Sociedad Rural de Lobería, Sociedad Rural de Mar del Plata, Asociación de Productores de Benito Juárez, Sociedad Rural de Balcarce, Sociedad Rural de General Alvarado, Sociedad Rural de Tandil, Asociación de Productores de Gonzales Chaves, Asociación Rural de Maipú, Sociedad Rural de Necochea, Sociedad Rural de Rauch, Sociedad Rural de General Lavalle y Sociedad Rural de San Cayetano.