El clima político alcanzó su punto máximo este martes 12 de mayo. En la antesala de la marcha federal universitaria, el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, lanzó una fuerte ofensiva comunicacional para deslegitimar el reclamo de los rectores y sindicatos. Para el oficialismo, la convocatoria no responde a una necesidad presupuestaria real, sino a una estrategia de la oposición para desgastar el programa económico.
A través de un documento oficial, el espacio libertario calificó la jornada como una marcha política opositora. La Libertad Avanza sostiene que el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario ignora que la normativa nació suspendida, dado que el Congreso de la Nación no determinó las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir un gasto estimado en 1,9 billones de pesos.
El comunicado busca instalar que el conflicto ha sido politizado por sectores que se escudan detrás de una causa noble. Desde el oficialismo insisten en que el compromiso con el equilibrio fiscal es innegociable, ya que es la única herramienta para evitar que la emisión monetaria genere más inflación y pobreza.
Un punto clave del descargo de La Libertad Avanza es la situación en los tribunales. El oficialismo destacó que la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Gobierno. Esta decisión judicial implica que la ley seguirá suspendida hasta que la Corte Suprema de la Nación dicte una sentencia definitiva, lo que le da aire al Ejecutivo para mantener su esquema de gastos actual.
Para contrastar las críticas por el supuesto ajuste, el partido oficialista presentó cifras sobre la ejecución de fondos. Aseguraron que las transferencias para gastos de funcionamiento se realizan mensualmente y sin los atrasos de hasta cuatro meses que caracterizaron a la administración anterior.
Además, el oficialismo puso el foco en el Presupuesto 2026, afirmando que la partida destinada a las universidades nacionales crecerá hasta alcanzar los 4,8 billones de pesos. Según el comunicado, hoy los pagos se realizan de forma regular y en un contexto de inflación anual del 31,5%, cifra sensiblemente menor al 211,4% heredado. Con estos argumentos, el Gobierno llega al día de la protesta ratificando que no habrá cambios en su hoja de ruta fiscal.