El proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, una de las iniciativas clave del proceso desregulatorio impulsado por el Gobierno de Javier Milei y diseñado por el ministro Federico Sturzenegger, dio un nuevo paso en el Congreso: obtuvo dictamen favorable en el Senado y quedó listo para su tratamiento en el recinto.
La iniciativa ya había logrado media sanción en la Cámara de Diputados, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos de la oposición, que advirtió sobre los riesgos de avanzar en una desregulación masiva sin un análisis detallado de las normas a derogar.
El proyecto apunta a eliminar leyes consideradas “obsoletas” o sin aplicación práctica, con el objetivo de simplificar el entramado normativo y reducir la burocracia estatal. Desde el oficialismo aseguran que se trata de una herramienta para modernizar el Estado y hacerlo más eficiente.
Durante el debate en Diputados, sin embargo, la discusión estuvo lejos de ser pacífica ya que los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron de plano la agenda del Gobierno y calificaron la iniciativa parlamentaria como una “cortina de humo” diseñada para desviar la atención pública de la actual crisis económica, al tiempo que tildaron la reforma integral como una “entrega de soberanía” y cuestionaron que el Parlamento destine horas de debate a leyes inactivas en lugar de abordar la pérdida del poder adquisitivo y la situación social.
En ese contexto, la senadora Nadia Márquez defendió la medida tras la firma del dictamen en comisión y sostuvo que “la calidad institucional no consiste solo en sancionar nuevas leyes, sino también en revisar aquellas que han perdido sentido o utilidad”.
Según explicó, la “Ley Hojarasca” no busca quitar derechos sino “ordenar el sistema normativo” y avanzar hacia un Estado más claro y accesible para los ciudadanos. En la misma línea, el senador Agustín Coto, quien participó del plenario de comisiones, acompañó el avance del proyecto.
Más allá de los argumentos oficiales, el clima político que rodea a la iniciativa sigue siendo tenso. Para sectores de la oposición, la propuesta forma parte de un paquete más amplio de reformas que apuntan a reducir el rol del Estado, mientras que el oficialismo insiste en que se trata de una actualización necesaria frente a un sistema legal “sobrecargado”.
Con el dictamen ya firmado en el Senado, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto, donde se espera un nuevo capítulo de una discusión que promete volver a encender el debate político.
Sin embargo la fecha de su tratamiento es incierta si se tiene en cuenta que en estas horas se especula con el informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete Manuel Adorni el jueves 2 de julio venidero, en un marco de elevada crisis institucional por parte del Ejecutivo nacional, que recordemos es el principal impulsor de la “Ley Hojarasca”.