El plan de Kicillof para las apps de delivery: “Es empleo de subsistencia y hay que cuidar al trabajador”

El debate para regular el trabajo en las plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires ya está en marcha en la Legislatura. Tras el envío formal del proyecto de ley por parte del gobernador Axel Kicillof al Senado, la asesora del ministerio de Trabajo provincial y redactora de la iniciativa, Lilia Alonso, defendió la propuesta y aseguró que el principal objetivo es garantizar un piso mínimo de derechos para repartidores y choferes.

En declaraciones a Radio Provincia, Alonso trazó una radiografía cruda sobre el sector: "Se trata de un empleo de subsistencia y tenemos que estar todos alineados con el trabajador". La funcionaria explicó que la normativa no busca alterar el encuadre legal sobre si los prestadores son empleados en relación de dependencia o independientes, sino establecer un marco urgente de protección, seguridad y fiscalización estatal.

El respaldo de la Suprema Corte y la "Primacía de la Realidad"

Según detalló la funcionaria, el proyecto cuenta con un fuerte sustento jurídico basado en el "fallo Rappi" de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Ese dictamen judicial dejó dos precedentes fundamentales para la Provincia:

• Facultad de control: Reafirmó la potestad del ministerio de Trabajo para inspeccionar, fiscalizar a las plataformas digitales y validar las actas de infracción.

• Principio de Primacía de la Realidad: Los jueces de la Corte provincial determinaron que lo relevante para definir a un trabajador son las condiciones reales en las que presta el servicio y no la denominación técnica o contractual que la empresa le imponga en los términos y condiciones del sistema.

"El expediente Rappi nos lleva a pensar que, más allá de determinar la relación de dependencia o no, existe un piso mínimo de derechos que el Estado debe garantizar en materia de salud y seguridad vial", argumentó Alonso.

Los 6 puntos centrales del proyecto de ley

La iniciativa, que comenzará a ser analizada en las comisiones de Trabajo, Asuntos Constitucionales y Legislación General, introduce obligaciones severas para empresas de transporte y delivery como Uber, DiDi, Cabify, Rappi y PedidosYa:

1. Registro obligatorio: Se crea el Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales bajo la órbita de la cartera laboral, donde las empresas deberán inscribirse de forma obligatoria.

2. Seguro de accidentes a cargo de las apps: Las compañías deberán contratar de forma exclusiva una cobertura contra accidentes personales para los repartidores (que cubrirá fallecimiento, invalidez y asistencia médica desde la conexión hasta la desconexión). Para esto, el Provincia Seguros lanzará una póliza específica para el sector.

3. Obligación de crear paradores: Las empresas y las denominadas dark stores (tiendas invisibles) deberán garantizar espacios físicos con acceso a sanitarios, agua potable, zonas de descanso y puntos para recargar el celular.

4. Aplicación oficial de emergencia: El Gobierno bonaerense desarrollará una app móvil para los trabajadores que incluirá un "botón de pánico" y alertas sanitarias ante robos o accidentes en la vía pública.

5. Transparencia en los algoritmos: Las firmas estarán obligadas a transparentar los criterios automáticos con los que asignan los viajes y deberán ofrecer canales de atención manejados por humanos para resolver bloqueos o suspensiones de cuentas.

6. Derecho a la libre conexión: Se blindará la libertad de los repartidores para conectarse a múltiples aplicaciones en simultáneo, elegir sus horarios y rechazar pedidos sin recibir penalizaciones por parte del sistema.

Financiamiento y el futuro de la ley

Como complemento económico para el sector, Alonso adelantó que el proyecto prevé una interacción con el Banco Provincia para ofrecer microcréditos, una herramienta diseñada para que los choferes y repartidores puedan mantener y reparar su capital de trabajo (motos, bicicletas o autos).

Respecto al avance legislativo, la asesora se mostró optimista debido al fuerte consenso interno: "Despertó un gran interés y todas las áreas del Gobierno involucradas están impulsando la propuesta porque es parte de la transformación inevitable del mercado de trabajo", concluyó.