Exdirector electoral advirtió que eliminar las PASO “sería un retroceso democrático”

El exdirector nacional electoral, Alejandro Tullio, objetó a la iniciativa del Gobierno de Javier Milei de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y recordó que el objetivo de esta instancia fue “unificar la manera en que se seleccionan los candidatos por parte de los partidos y las alianzas”.

“Llegaban de muy diferente manera a la selección de candidatos, lo que generaba una situación injusta para los propios partidos y los ciudadanos”, puntualizó el actual secretario electoral permanente de Chubut.

En igual tenor, manifestó en declaraciones a Radio Provincia que “las PASO fueron el mecanismo elegido para unificar a todos los candidatos en pie de igualdad” y “generó un estímulo y constituyó alianzas políticas y tuvo un resultado de orden”.

De todos modos, admitió que “no funcionó respecto de democratizar más”, pero “hay hitos importantes como que Macri no hubiese sido presidente si no fuera por las PASO”, porque las primarias “ordenan al más desordenado, que no es al que está gobernando sino a la oposición”.

“Es un mecanismo de mucha complejidad y bastante costoso que necesita ajuste, pero suprimirlas es engañoso y si no se hace desde el Congreso se puede generar una situación anárquica”, alertó Tullio.

Acto seguido, aseveró que “cuando se quiere cambiar la ley el único límite es la Constitución” y “es muy difícil discutir cosas que no están definidas”.

“Una cosa es no utilizarla y otra eliminarlas. Las PASO son las condiciones de los partidos políticos y quien no está acostumbrado a los partidos políticos tiende a minimizarlas”, sopesó el exdirector electoral.

Del mismo modo, indicó que “el sistema público de campañas electorales podría ajustarse, pero eliminarlo sería un retroceso porque no sólo se estaría privando a los partidos políticos de llegar a sectores sociales sino que se privaría a los ciudadanos de llegar a la información”. 

“Se estaría retrocediendo desde la calidad democrática”, por lo que es fundamental que “el Estado arbitre mecanismos para garantizar la mayor participación”, concluyó.