Revés por la expropiación de Aerolíneas Argentinas: ¿cuántos millones de dólares deberá pagar el país?

Un nuevo y duro revés judicial en los tribunales internacionales volvió a sacudir las cuentas públicas de la República Argentina. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, rechazó de manera definitiva el recurso presentado por los abogados del Estado nacional y dejó firme el fallo por la estatización de Aerolíneas Argentinas, llevada a cabo en diciembre de 2008 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución ratifica en su totalidad la sentencia de primera instancia que validaba el laudo emitido en 2017 por el CIADI (el tribunal arbitral del Banco Mundial). Con este paso, la justicia estadounidense dio por agotada la vía de apelación del país, lo que deja al fondo demandante Titan Consortium formalmente habilitado para iniciar el proceso de ejecución de sentencia y avanzar con el embargo de activos soberanos argentinos en el extranjero.

El impacto económico: la abultada cifra que exige la Justicia

La condena original impuesta por el CIADI en 2017 establecía un resarcimiento inicial de 320 millones de dólares. Sin embargo, tras años de litigio, incumplimiento de pago y la constante acumulación de intereses moratorios, la cifra final que ahora la Argentina está obligada a desembolsar trepó a la suma de US$ 390,9 millones.

El caso atravesó un complejo camino de transferencias de derechos financieros en el exterior:

1. El origen: El grupo español Marsans —dueño original de la aerolínea al momento de la expropiación— inició la demanda ante el tribunal del Banco Mundial.

2. Quiebra y venta: Tras la quiebra de Marsans en España, sus derechos de litigio fueron adquiridos por el reconocido fondo Burford Capital.

3. Paso a Titan Consortium: Posteriormente, Burford cedió la titularidad del reclamo a Titan Consortium, que hoy se consolidó como el único beneficiario del fallo definitivo.

Cómo fue la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008

El origen del conflicto legal se remonta al colapso financiero de la aerolínea de bandera bajo la gestión privada de Marsans, firma que había tomado el control de la empresa en 2001 tras la salida de la española Iberia. Entre 2006 y 2008, un esquema de tarifas congeladas, el impacto de la inflación y severos conflictos gremiales derivaron en pérdidas operativas diarias y un pasivo acumulado que bordeaba los 900 millones de dólares.

En diciembre de 2008, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.466, mediante la cual declaró a la compañía "de utilidad pública y sujeta a expropiación".

La controversia que originó la demanda: de 1 a 450 millones

El eje central que terminó desencadenando la condena millonaria en los tribunales internacionales fue la disparidad abismal entre las valuaciones oficiales y privadas realizadas al momento de la toma de control estatal:

• Valuación oficial: El Tribunal de Tasaciones de la Nación dictaminó que la empresa tenía un valor negativo de -US$ 832 millones. Con este argumento, el Estado argentino confiscó las acciones abonando un precio simbólico de tan solo 1 peso.

• Valuación privada: La auditoría contratada por la conducción de Marsans (Credit Suisse) determinó que el valor real de la compañía era positivo y alcanzaba hasta los US$ 450 millones.

Ante la confiscación por el valor simbólico de un peso, el grupo español recurrió en 2009 al CIADI denunciando una "expropiación ilegal" y la violación del tratado bilateral de protección de inversiones. Tras casi dos décadas de batallas legales, la justicia de los Estados Unidos cerró definitivamente el caso, dejando al país frente a una nueva y multimillonaria deuda en el exterior.