Causa Vialidad: Cristina Kirchner contrata al abogado de Lula da Silva para acudir a tribunales internacionales

La situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad ha quedado definitivamente cerrada en las instancias judiciales locales. Con la confirmación firme de su condena penal a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, la exmandataria resolvió dar un giro estratégico decisivo: internacionalizar su reclamo y acudir a organismos supranacionales para denunciar vulneraciones sistemáticas a sus garantías constitucionales.

Para encabezar esta nueva etapa de batalla legal en el fuero externo, la defensa incorporó formalmente a su equipo técnico al reconocido jurista brasileño Rafael Valim, una figura clave en el mapa jurídico latinoamericano que integró la defensa técnica del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante las investigaciones de la causa Lava Jato.

Quién es Rafael Valim

Rafael Valim es un destacado especialista en derecho público y constitucional con amplia proyección regional. Su figura cobró enorme relevancia al integrar el equipo que asesoró a Lula da Silva en las presentaciones elevadas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, caso que sentó un antecedente sobre la revisión de garantías procesales en la región.

Asimismo, Valim es uno de los principales teóricos continentales en materia de utilización de los sistemas judiciales con fines políticos. En 2017 cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare junto a Cristiano Zanin (exdefensor de Lula y actual ministro de la Corte Suprema brasileña), con quien ha coautorado influyentes obras académicas sobre el impacto del lawfare en América Latina.

En esta estrategia internacional, Valim no actuará de forma aislada: trabajará codo a codo con el jurista español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España y exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos(TEDH), aportando una mirada especializada en los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

La estrategia internacional

Según informaron fuentes del equipo técnico, en los próximos días se presentarán de forma oficial en Buenos Aires los ejes y fundamentos técnicos de las demandas internacionales. El objetivo central de la defensa es comprometer la responsabilidad del Estado argentino ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La presentación argumentará que a lo largo del proceso judicial de la causa Vialidad se incurrió en graves violaciones al debido proceso, la imparcialidad judicial y el principio de inocencia. La búsqueda de un pronunciamiento internacional apunta a sentar un precedente sobre el uso de expedientes judiciales con fines de inhabilitación y proscripción política.

Condena firme y prisión domiciliaria

La contratación del equipo técnico internacional se produce en forma simultánea al agotamiento definitivo de la vía ordinaria en la Justicia argentina. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los últimos recursos de queja de la defensa, ratificando la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En el plano patrimonial, el máximo tribunal también dejó firme la actualización contable del decomiso millonario, cuyo monto indexado fue fijado en $684.990.350.140 pesos a ser restituidos de forma solidaria entre los condenados. Tras vencerse los plazos de intimación fijados por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) para el depósito de los fondos, la justicia penal avanzó con las medidas operativas sobre el paquete de bienes embargados.

Actualmente, la expresidenta cumple la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria monitoreada con tobillera electrónica en su residencia del barrio porteño de Constitución, tras la ratificación del esquema de detención por parte de las instancias de apelación. Con la vía judicial interna cerrada en el país, la apuesta del equipo legal queda concentrada en el arbitraje de los organismos internacionales.