El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó el Decreto 295/26 mediante el cual se declara oficialmente la emergencia por 90 días corridos en la actividad de comercialización y reparación de teléfonos celulares usados. La disposición gubernamental busca desarticular la red de reventa y desguace de dispositivos sustraídos que operan bajo el rubro de locales comerciales.
Al anunciar la medida contra la mafia de los celulares robados, el mandatario remarcó que quien compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante sino un delincuente que forma parte de una red mafiosa. Asimismo, advirtió que en las Zonas de Alta Criticidad no se habilitará ni un solo local más de servicio técnico y que los establecimientos deberán demostrar el origen de cada pieza que tengan en stock.
Se terminó la mafia de los celulares robados.
— Jorge Macri (@jorgemacri) August 18, 2026
Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa.
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El plan oficial del Gobierno porteño implementa un esquema escalonado de intervención inmediata junto con la creación de un registro permanente de trazabilidad para identificar establecimientos, equipos y componentes. Entre las medidas principales se destaca la declaración de la emergencia por 90 días en todo el territorio de CABA para la compraventa y reparación de teléfonos usados, acompañada por un refuerzo en la fiscalización.
Durante este período, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad adoptarán medidas extraordinarias y ejecutarán inspecciones coordinadas en comercios de mayor riesgo. La AGC exigirá la acreditación formal de la compra o tenencia de celulares, partes y repuestos técnicos, y aplicará clausuras inmediatas a aquellos locales que no puedan justificar la procedencia legal de la mercadería.
Asimismo, la normativa contempla la fijación de Zonas de Alta Criticidad, delimitadas en función de la concentración territorial de delitos, secuestro de dispositivos ilícitos, denuncias e historial de incumplimientos. Mientras rija la emergencia, dentro de estos perímetros queda totalmente congelado el trámite de nuevas habilitaciones comerciales, las transferencias de licencias y las ampliaciones de rubro o superficie para locales del sector.
Las primeras intervenciones prioritarias se concentrarán en cuatro corredores comerciales y nodos urbanos específicos de la Ciudad: el eje Retiro – Microcentro, el entorno comercial de Balvanera – Once, la zona de Liniers en el límite oeste y el corredor Chacarita – Villa Crespo. En estos sectores no se otorgará ninguna autorización nueva para la venta o reparación de equipos usados.
Desde el Ejecutivo porteño remarcaron que el endurecimiento sobre el mercado de tecnología usada se integra al plan de ordenamiento urbano e intervenciones de seguridad en CABA implementadas desde diciembre de 2023.
Esta línea de trabajo se suma a acciones previas del Gobierno de Jorge Macri, como el desalojo de 670 cuadras ocupadas por manteros en arterias comerciales, la recuperación de más de 900 propiedades usurpadas, los operativos de saturación en centros de transbordo y el control de construcciones no autorizadas en barrios como la Villa 31 y La Carbonilla.