Para quien vive en una ciudad, la inseguridad suele tener una dimensión concreta: una calle, un barrio, un comercio o una vivienda; pero en el campo la situación es diferente: las distancias son enormes, los establecimientos están muchas veces alejados de los centros urbanos y la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo puede medirse en decenas de kilómetros.
En ese escenario, el abigeato, las carneadas y el vandalismo rural se transformaron en una preocupación creciente para productores agropecuarios de distintas regiones de Buenos Aires y La Pampa.
No se trata solamente del animal que desaparece. Detrás de una vaca, un ternero, un cordero o un caballo hay trabajo, inversión y, en muchos casos, el ingreso que sostiene durante todo el año a una familia.
Cuando además de robar animales se rompen instalaciones, silobolsas o elementos de trabajo, el perjuicio puede convertirse directamente en un golpe contra la continuidad económica de una explotación.
El diputado nacional Martín Ardohain, del PRO de La Pampa, conoce esa realidad desde adentro. Productor agropecuario, impulsa una iniciativa para incorporar el denominado “vandalismo rural” al Código Penal. El expediente 2248-D-2026 fue presentado en mayo y propone modificaciones frente a delitos rurales cometidos contra establecimientos agropecuarios.
En diálogo con ANDigital, Ardohain fue contundente:
“Estamos en manos de Dios porque estamos totalmente desprotegidos”.
El legislador sostuvo que existen cientos de casos de familias y productores que encuentran los daños recién cuando comienza el día.
El problema no se limita al robo de animales. También aparecen ingresos no autorizados a establecimientos, roturas de instalaciones y otros daños que, según explicó, no reciben una respuesta penal acorde con la gravedad que tienen para quien produce.
“Te levantás a la mañana y ves el daño que te han causado y no tenés dónde recurrir”, planteó.
Por eso pretende que ingresar sin autorización a una propiedad rural y provocar daños tenga consecuencias penales concretas.
#SeguridadRural 🚜🚔 Abigeato sin freno en Coronel Pringles: sólo tres patrulleros rurales para custodiar 525 mil hectáreas
— ANDigital (@ANDigitalOK) August 5, 2026
La preocupación crece entre los productores rurales de Coronel Pringles. En poco más de un mes se denunciaron más de veinte vacunos faenados y las… pic.twitter.com/V0n8COXhV3
La propuesta busca darle herramientas a la Justicia para que quien ingrese a un predio sin autorización o provoque daños pueda recibir una sanción efectiva, generando además antecedentes ante la reiteración de esas conductas.
La problemática que describe el diputado pampeano no es exclusiva de La Pampa.
En Coronel Pringles, una extensa zona rural rodea al casco urbano y numerosos pequeños productores desarrollan su actividad en establecimientos ubicados a pocos kilómetros de la ciudad.
Allí también se registran episodios de abigeato, carneadas y daños que generan preocupación entre los productores.
El escenario adquiere una dimensión particular si se tiene en cuenta la extensión del distrito: alrededor de 525 mil hectáreas.
Frente a semejante territorio, la disponibilidad de recursos para controlar el delito rural se convierte en una cuestión central.
Durante la entrevista con ANDigital se planteó precisamente la situación de la Policía Rural y la cantidad de móviles disponibles para cubrir semejante superficie.
El productor que vive y trabaja en el campo no solamente debe afrontar los costos de producir. También debe convivir con la posibilidad de que durante la noche ingresen personas a su establecimiento, maten animales, se lleven parte de la carne o provoquen destrozos.
Y muchas veces descubre lo ocurrido recién al día siguiente.
Para una explotación de grandes dimensiones, la pérdida de algunos animales puede representar un porcentaje dentro de una estructura productiva.
Para un pequeño productor, en cambio, el impacto puede ser completamente diferente.
Ardohain lo explicó al señalar que si a un pequeño productor le roban algunas vacas, terneros o corderos, “le sacaste la economía de todo el año”.
El abigeato no es solamente el robo de un animal. Puede significar la pérdida de meses de trabajo, de capital de producción y de una parte sustancial del ingreso familiar.
A eso se suma otro aspecto menos visible: el temor.
Porque el productor y su familia viven en el mismo lugar donde se producen los hechos. Y cuando durante la noche se escuchan ruidos, movimientos o disparos, la sensación de inseguridad rural adquiere otra dimensión.
“No se puede trabajar y no se puede vivir en esas condiciones”, sintetizó el legislador.
La discusión que pretende llevar Ardohain al Congreso va más allá del tradicional abigeato.
El proyecto incorpora el concepto de vandalismo rural y apunta a que determinadas conductas que afectan a establecimientos productivos tengan una respuesta penal.
El problema de la rotura de silobolsas es uno de los ejemplos más conocidos. Pero para el productor también significa un daño grave romper alambrados, destruir instalaciones o afectar cualquier elemento necesario para desarrollar la actividad.
Una rotura puede parecer un daño menor para quien la observa desde afuera.
En el campo, sin embargo, puede significar la pérdida de una cosecha, de una inversión o la imposibilidad de continuar una determinada tarea.
La iniciativa contempla modificaciones al Código Penal y fue girada a las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería.
Una respuesta que busca llegar al Código Penal
Ardohain sostiene que la legislación actual no brinda herramientas suficientes para responder ante determinados hechos.
Por eso pretende que el ingreso no autorizado a un establecimiento rural y los daños producidos deliberadamente puedan tener una consecuencia penal efectiva.
La propuesta también busca generar un antecedente para quien ingresa por primera vez a un campo y permitir sanciones mayores ante la reiteración.
El reclamo, además, no se limita a un espacio político. Entidades rurales vienen planteando desde hace tiempo la necesidad de que el problema sea atendido y que los productores tengan herramientas concretas para defender su patrimonio.
Una inseguridad que también llegó al campo
Durante años, la inseguridad rural fue observada muchas veces como una problemática secundaria frente a los delitos urbanos.
Pero para quienes viven en el interior productivo, la realidad es otra.
El campo también es un lugar donde viven familias. Allí hay trabajadores, productores, niños y personas mayores, mientras los establecimientos pueden quedar durante horas sin ningún tipo de vigilancia.
La diferencia es que entre una vivienda rural y la siguiente pueden existir kilómetros.
Por eso la presencia policial y la capacidad de respuesta resultan determinantes.
En ese contexto, la frase de Ardohain adquiere una dimensión que trasciende La Pampa:
“Estamos en manos de Dios”.
Es la expresión de un productor que siente que, frente a un ataque, la respuesta del Estado puede llegar tarde o directamente no llegar.
El debate que comienza a instalarse en el Congreso de la Nación no debería limitarse a una disputa política.
La pregunta es más sencilla y, al mismo tiempo, más profunda:
¿Quién protege al productor cuando el delito ocurre dentro de su propio campo?
La respuesta no puede depender exclusivamente de la capacidad individual de cada productor para custodiar su establecimiento.
Tampoco puede aceptarse como una cuestión inevitable que quien trabaja durante todo el año para producir deba incorporar en sus costos el robo de animales, las carneadas o la destrucción de sus instalaciones.
En Coronel Pringles, como en otros distritos bonaerenses y pampeanos, los productores conocen esa realidad.
Y mientras el Congreso debate nuevas herramientas legales, en los caminos rurales permanece una preocupación concreta: que durante la noche alguien ingrese al campo y que, al amanecer, el productor vuelva a encontrarse con las consecuencias de una inseguridad que hace tiempo dejó de ser exclusivamente urbana.
Durante la entrevista con ANDigital, el diputado pampeano también se refirió al escenario político nacional y a la posibilidad de que el PRO vuelva a acompañar a Javier Milei en las elecciones de 2027.
Ardohain defendió el papel que tuvo su espacio en el respaldo al Gobierno nacional y consideró que existe una responsabilidad compartida para evitar un retroceso en el rumbo económico.
Sostuvo que el PRO ha acompañado al Gobierno aun sin formar parte de él y valoró especialmente el papel desempeñado por Mauricio Macri.
Pero mientras la política discute alianzas y candidaturas de cara a 2027, en los campos la preocupación es mucho más inmediata.
Para el productor rural, la próxima elección todavía está lejos.
La próxima noche, en cambio, está a la vuelta de la tranquera.