En una determinación sin precedentes dentro del predio presidencial, el gobierno de Javier Milei oficializó este 17 de septiembre la salida del personal civil que se desempeñaba en la Quinta de Olivos. La resolución contempla el despido de 12 trabajadores históricos —incluido el intendente del predio, Osvaldo Javier Sosa— y la reubicación de otros agentes en la Casa Rosada.
A partir de este cambio, la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos queda formalmente disuelta. Las tareas de cocina, limpieza, mantenimiento y logística pasaron a quedar completamente bajo la órbita de las Fuerzas Armadas y la Casa Militar, organismo conducido por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez y dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. El proceso de traspaso operativo tendrá un plazo máximo de 60 días.
Aunque la versión oficial del Ejecutivo atribuyó la decisión a la necesidad de "elevar los estándares de seguridad" e incrementar los controles de cara a la visita del Papa León XIV, en los pasillos de la residencia oficial cobra fuerza otra hipótesis.
Trascendió que la medida drástica fue impulsada por el fuerte malestar del Presidente ante la filtración de una millonaria licitación para la compra de carne. La difusión de los pliegos para la adquisición de casi 29 toneladas de insumos por un monto cercano a los 500 millones de pesos destinados al abastecimiento de las sedes oficiales generó una profunda molestia en el entorno presidencial, derivando en el cierre de filas y el desplazamiento total del personal civil.
En paralelo, la medida desató un inmediato conflicto gremial. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que los empleados se presentaron a cumplir sus tareas en la residencia presidencial y se encontraron con la prohibición explícita de ingreso al predio por parte del personal militar.
Según el gremio, las cesantías de los trabajadores de áreas clave como limpieza y gastronomía se ejecutaron sin previo aviso formal ni justificación individual, por lo que no descartan iniciar acciones administrativas y legales ante la falta de notificación oficial.